La Legislatura de Neuquén dio un nuevo paso en el debate para reformar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar los funcionarios públicos. La discusión se desarrolla en el ámbito de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde comenzaron a analizarse distintas iniciativas que buscan actualizar una normativa vigente desde hace casi siete décadas.
El objetivo de los proyectos en estudio es reemplazar la Ley 5, sancionada en 1958, por un nuevo marco regulatorio que contemple mayores exigencias de control, mecanismos de fiscalización más efectivos y criterios acordes a los estándares actuales de transparencia pública.
La comisión, presidida por el diputado Ernesto Novoa, evaluó propuestas impulsadas por distintos espacios políticos, entre ellos Cumplir, el interbloque conformado por Democracia Neuquén, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR, y Unión por la Patria.
Durante el debate, los legisladores coincidieron en la necesidad de revisar una normativa considerada desactualizada frente a las actuales demandas de control ciudadano sobre la gestión pública y la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos en el Estado.
Uno de los aspectos centrales de la discusión gira en torno a la publicidad de las declaraciones juradas y al acceso que la ciudadanía podrá tener a esa información. También se analizan mecanismos que permitan verificar la consistencia de los datos presentados por los funcionarios y detectar posibles inconsistencias o incrementos patrimoniales injustificados.
En ese sentido, los diputados plantearon la necesidad de avanzar hacia sistemas de control más rigurosos que permitan realizar seguimientos periódicos y no limitar la fiscalización únicamente a la presentación formal de la documentación.
Otro de los puntos que surgió durante la reunión estuvo relacionado con el funcionamiento de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones. Algunos legisladores remarcaron la importancia de dotar de mayores herramientas institucionales a las áreas responsables de controlar las declaraciones juradas para garantizar una aplicación efectiva de la futura norma.
La reforma también busca establecer criterios homogéneos para los integrantes de los tres poderes del Estado, alcanzando a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Si bien existe consenso sobre la necesidad de actualizar la legislación, todavía persisten diferencias respecto del alcance de la publicidad de la información patrimonial y de los mecanismos que deberán aplicarse para investigar eventuales irregularidades.
Por ese motivo, la comisión resolvió mantener los proyectos en análisis y solicitar información complementaria antes de avanzar en la elaboración de un despacho unificado.
La discusión forma parte de una agenda más amplia vinculada al fortalecimiento de la ética pública y la transparencia institucional en Neuquén. De prosperar las iniciativas, la provincia podría contar por primera vez en décadas con un régimen renovado para el control patrimonial de los funcionarios, incorporando herramientas de fiscalización más modernas y mayores niveles de acceso a la información pública.
