El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro ordenó al gobierno provincial completar, en un plazo máximo de 24 meses, el relevamiento y categorización de los bosques nativos, en cumplimiento de la ley nacional de bosques. La medida llega tras más de diez años de demora y responde a un “mandamus” presentado por las organizaciones Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables (FADHS), que reclamaban la actualización del mapa forestal aprobado por única vez en 2010.
El fallo judicial marca un hito en materia ambiental, al poner fin a una larga etapa de incumplimientos por parte del Ejecutivo provincial. En su resolución, el STJ reconoció la falta de avance en el ordenamiento territorial de los bosques y exigió a la Subsecretaría de Recursos Forestales presentar informes semestrales sobre el progreso del trabajo técnico y las instancias de consulta pública.
Aunque en un primer momento los jueces consideraron que el plazo de dos años resultaba “excesivo”, finalmente avalaron el cronograma propuesto por el gobierno, que prevé la elaboración del mapa protector y la redacción del proyecto de ley que deberá ser enviado a la Legislatura antes de julio de 2027.
El ambientalista Tomás Guevara, referente de la FADHS, sostuvo que si bien el fallo no redujo los plazos como esperaban, representa “un avance concreto” frente a años de desinterés oficial. “Por primera vez la Justicia obliga a la provincia a cumplir con la ley. Ahora será fundamental el seguimiento, porque durante este tiempo los bosques siguen expuestos”, advirtió.
Guevara también destacó que el STJ amplió el alcance del relevamiento a las formaciones de monte y espinal del este rionegrino, históricamente excluidas del mapa forestal. “En Buenos Aires esas áreas están protegidas y separadas apenas por un meridiano de Río Negro, donde no hay ninguna regulación. Eso debe cambiar”, afirmó.
El nuevo ordenamiento deberá clasificar las áreas con el sistema de colores establecido por la ley nacional —rojo, amarillo y verde—, según su grado de conservación y posibilidad de aprovechamiento. Este instrumento permitirá limitar proyectos inmobiliarios, desmontes y explotaciones forestales en zonas de valor ambiental.
Desde las organizaciones alertaron, sin embargo, sobre los riesgos actuales de no contar con un mapa vigente. En Bariloche, señalaron que unas 8.000 hectáreas urbanas y periurbanas permanecen “sin color” en el mapa de 2010, lo que habilita talas y urbanizaciones en sectores sensibles como el cerro Otto, el cerro Catedral y la península San Pedro.
“El fallo es un triunfo, pero el peligro sigue presente mientras no haya una nueva ley de protección”, sostuvo Guevara. Las ONG anticiparon que continuarán con el monitoreo del proceso y no descartan nuevas acciones judiciales para evitar daños irreversibles en los bosques rionegrinos.
