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El conflicto por el loteo El Michay en Fernández Oro acumula más de una década de idas y vueltas administrativas y judiciales. En el centro de la disputa se encuentra una chacra ubicada al sur de la Ruta 22, clasificada por el Código de Planeamiento Urbano como zona rural, donde entre 2013 y 2014 comenzó la subdivisión y venta de parcelas.
Desde el Municipio sostienen que, desde las primeras presentaciones, se advirtió a los desarrolladores que el sector no era apto para urbanizar. Sin embargo, mientras se sucedían rechazos administrativos, el emprendimiento avanzó y el barrio comenzó a consolidarse con viviendas permanentes.
En 2017, el Ejecutivo municipal clausuró el loteo por orden del Juzgado de Faltas y reiteró que no aprobaría nuevas construcciones ni escrituras en el sector. En 2018, una resolución declaró inviable el fraccionamiento al ratificar su ubicación en zona rural.
Un nuevo informe técnico en 2021 confirmó que el área estaba clasificada como Zona Rural Irrigada y que no podía incorporarse a redes formales de servicios.
En 2022, el Juzgado de Faltas aplicó multas progresivas por construcciones excedentes e infracciones al Código de Planeamiento Urbano. La sanción acumulada asciende a 197 millones de pesos, según datos oficiales.
El Municipio inició una ejecución fiscal para cobrar las multas, pero en junio de 2024 la Justicia rechazó la demanda por una cuestión formal vinculada al título presentado, sin expedirse sobre el fondo del conflicto ni sobre la legalidad del loteo.
Tras esa resolución, el Ejecutivo volvió a presentar la demanda bajo el formato indicado por el tribunal.
Mientras el proceso judicial continúa, el barrio creció y hoy cuenta con numerosas familias radicadas de manera permanente. Los vecinos solicitan una instancia de regularización que permita acceder a servicios básicos en condiciones formales.
Desde el Municipio mantienen la postura de que la normativa vigente impide la urbanización del predio, lo que deja abierto un conflicto que combina expansión urbana, desarrollo privado y una discusión legal que aún no tiene resolución definitiva.
