Dólar oficial $1.460 – Dólar Turista 1.898 – Dólar blue $1.435 – Dólar MEP $1.459,77 – Contado con Liqui $1.510,99 – Riesgo País 494
La cifra surge de sumar las operatorias bajo análisis en al menos tres causas judiciales que llevan adelante los fiscales Franco Picardi, Carlos Stornelli y Eduardo Taiano, junto a los jueces Ariel Lijo, María Servini y María Eugenia Capuchetti.
Según fuentes judiciales y oficiales citadas en la investigación, las ganancias obtenidas habrían sido incluso superiores, ya que los dólares adquiridos al tipo de cambio oficial eran revendidos luego en el mercado blue, donde la cotización duplicaba ampliamente el valor regulado por el Banco Central.
La novedad más relevante de las últimas horas es que en el corto plazo podrían ser imputados ex funcionarios de la Secretaría de Comercio y del Banco Central que participaron en la aprobación de operaciones cuestionadas entre 2021 y 2023.
El fiscal Picardi espera un informe oficial con los nombres de quienes autorizaron cada SIRA durante la gestión del ex secretario de Comercio Matías Tombolini. La sospecha apunta al pago de coimas para acelerar permisos de importación y garantizar el acceso a dólares oficiales.
En paralelo, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos analiza el contenido de celulares secuestrados a ex funcionarios del Banco Central. En uno de los dispositivos ya peritados aparecieron conversaciones vinculadas a supuestos pagos ilegales y favores para habilitar operaciones cambiarias.
La investigación judicial se concentra en tres esquemas principales.
El primero está relacionado con las SIRA, el sistema utilizado para autorizar importaciones durante el cepo. Según la causa, empresas sobrefacturaban compras al exterior o directamente simulaban importaciones para acceder a divisas oficiales. Parte de ese dinero habría terminado financiando gastos personales, viajes de lujo y compra de bienes de alta gama.
En este expediente aparecen mencionados el financista Martín Migueles y Elías Piccirillo, vinculados mediáticamente a Wanda Nara y Jésica Cirio.
La segunda maniobra es la denominada “escalerita”, investigada por Servini y Stornelli. Allí se analiza el uso de miles de personas y cientos de empresas para comprar dólares mediante excepciones al cepo y luego triangular esas divisas a través de agencias de cambio, perdiendo su trazabilidad.
En esa causa ya se dispusieron embargos preventivos por unos US$ 600 millones.
La tercera investigación apunta a maniobras con escrituras y deudas presuntamente falsas utilizadas para justificar acceso al mercado oficial de cambios. Según el expediente, algunas agencias cambiarias habrían canalizado cientos de millones de dólares mediante documentación adulterada.
Dentro de las causas también aparecen bajo análisis decisiones adoptadas durante la conducción del Banco Central encabezada por Miguel Ángel Pesce y el rol de directores vinculados políticamente al ex ministro de Economía Sergio Massa.
Fuentes judiciales sostienen que el entonces director Lisandro Cleri actuaba como un “virtual interventor” de Massa dentro del organismo y participaba incluso en negociaciones con el FMI.
Massa rechaza cualquier vínculo con las maniobras investigadas y sostiene, a través de allegados, que parte de los montos mencionados corresponden a operaciones legales.
Uno de los elementos que más impacto generó en la causa fue un audio atribuido a la ex funcionaria del Banco Central Romina García, incorporado al expediente por el ex policía Carlos “El Lobo” Smith.
En esa conversación, la ex funcionaria aseguró que las irregularidades eran conocidas dentro del organismo.
“Los de arriba sabían las cosas que recibíamos en los teléfonos y nadie hacía nada”, afirmó. Y agregó: “Había gente arriba toda entongada”.
El audio forma parte de otra investigación vinculada a un presunto operativo armado contra el financista Francisco Hauque, aunque ahora también alimenta las causas sobre las maniobras cambiarias durante el cepo.
La Justicia intenta determinar si existió una estructura coordinada entre funcionarios, financistas, agencias de cambio y operadores privados para aprovechar las restricciones cambiarias y obtener ganancias millonarias mediante el acceso privilegiado al dólar oficial.
