Dólar oficial $1.530 – Dólar Turista $1.995,50 – Dólar blue $1.555 – Dólar MEP $1.536,29 – Contado con Liqui $1.596,42 – Riesgo País 497//

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El convenio cuestionado, firmado en 2023, se refería a un asesoramiento técnico para la gestión sostenible de los recursos hídricos de Río Negro. Las legisladoras acusaron a Carreras de “abuso de poder” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por un supuesto entrometimiento en competencias ajenas a su rol y por no contar con la participación provincial en el acuerdo.
El fiscal, en su resolución, explicó que el convenio, gestionado a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), no requería de la intervención de la Legislatura ni de la publicación en el Boletín Oficial, ya que se trataba de un acuerdo internacional entre el gobierno argentino y la empresa israelí. Además, destacó que no había ningún acto administrativo que exigiera la divulgación pública de la consultoría hídrica en ese momento.
Ortiz también refutó las acusaciones sobre la “entrega de soberanía” y la prórroga de jurisdicción a Inglaterra, señalando que la provincia no asumió obligaciones vinculantes con el acuerdo. En cuanto a la falta de participación del Estado provincial, el fiscal resaltó que los estudios preliminares fueron realizados por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y que los resultados ya habían sido entregados a la provincia, desmintiendo la acusación de confidencialidad.
Finalmente, el fiscal concluyó que no existían elementos para sostener que Carreras hubiera actuado de forma dolosa o con abuso de poder, y desestimó la denuncia, archivando el caso.