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Desde la Cámara Argentina de Fruticultores (CAFI) solicitaron formalmente la postergación de la audiencia al considerar que el plazo otorgado es insuficiente para evaluar una suba que impacta de lleno en uno de los principales costos de la actividad: la energía eléctrica utilizada en galpones de empaque y cámaras de frío.
En una nota dirigida al presidente del EPRE, Juan Justo, el titular de CAFI, Nicolás Sánchez, advirtió que todos los actores del sector se encuentran abocados a la cosecha, lo que limita seriamente la posibilidad de analizar técnicamente la propuesta tarifaria. Según plantearon, avanzar con la audiencia en estas condiciones podría derivar en “vicios de nulidad” por falta de participación efectiva y de transparencia.
Desde la entidad frutícola solicitaron una prórroga mínima de dos meses para poder estudiar en profundidad el pedido de incremento presentado por la distribuidora y ejercer una adecuada defensa de la actividad.
Indignación en el sector empresario
Más allá del reclamo institucional, el clima entre las empresas es de fuerte indignación. Empresarios del rubro señalaron que la convocatoria en plena temporada alta no es casual. “Saben que a esta altura del año no podemos analizar el pedido y por eso lo hacen ahora”, expresó un referente del sector, que consideró que la maniobra busca limitar deliberadamente el debate.
A este malestar se suma otra crítica central: según fuentes empresarias, EDERSA no habría presentado sus balances, un elemento clave para evaluar la “rentabilidad racional” que debe contemplarse en cualquier solicitud de aumento tarifario. “Es siempre lo mismo, lo hacen a propósito para que no lo podamos analizar”, afirmaron.
Pedidos de prórroga y reclamos de transparencia
En la misma línea se expresó la Cámara de Agricultura Industria y Comercio (CAIC) de General Roca, que envió una nota al EPRE señalando que el tiempo otorgado es insuficiente para un análisis serio de la propuesta. Además, reclamaron que el Defensor del Usuario participe activamente, recorriendo las sedes empresarias para explicar y fundamentar el pedido de la distribuidora, como condición necesaria para garantizar la transparencia del proceso.
En este caso, la CAIC solicitó una postergación de 90 días de la audiencia pública. Mientras tanto, el conflicto suma tensión en un contexto especialmente sensible para la fruticultura, que atraviesa uno de los momentos más intensos del año y advierte que un aumento en la tarifa eléctrica podría tener un impacto directo en la competitividad y la sustentabilidad de la actividad.
