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La familia del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa exigió una fe de vida tras su secuestro la noche del domingo por individuos armados y sin identificación. El hecho ocurrió en la urbanización Los Chorros de Caracas, horas después de que el político fuera excarcelado tras casi nueve meses de detención por motivos políticos.
En rueda de prensa la mañana del lunes, Ramón Guanipa, hijo del dirigente, reclamó públicamente: “Hablar, declarar y expresarse no es un delito y no podemos seguir permitiendo que seamos penados por ello”. Remarcó que su padre fue arrestado nuevamente solo por dar declaraciones tras haber recuperado la libertad, y denunció que “ellos necesitan que los presos políticos salgan y se encierren en sus casas como si fueran unos ermitaños. ¿Hasta cuándo va a ser un crimen hablar en este país?”. Añadió que la familia exige una fe de vida inmediata y responsabilizó al régimen venezolano por la integridad de Juan Pablo Guanipa.
En declaraciones previas, difundidas durante la madrugada del lunes a través de un video y un comunicado en redes sociales, Ramón Guanipa relató que su padre fue interceptado por un grupo de aproximadamente diez personas armadas, quienes llegaron en un Corolla plateado, una Range Rover blanca y un Renault Symbol. “Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”, expresó.
El secuestro de Guanipa fue denunciado también por la líder opositora María Corina Machado, quien exigió su liberación inmediata y alertó que hombres armados vestidos de civil lo sacaron de su vehículo de forma violenta. La familia de Guanipa, cercana a Machado, insistió en la urgencia de obtener información sobre su paradero.
Más temprano, el Ministerio Público informó en un comunicado difundido en redes sociales que solicitó la revocatoria de la medida cautelar que permitía la libertad de Guanipa, alegando “el incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional”. El organismo pidió el traslado del dirigente opositor a un régimen de detención domiciliaria. El comunicado subrayó que “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas” y que su incumplimiento habilita a los jueces a revocar o sustituir los beneficios judiciales.
El Ministerio Público también invocó el contexto de la consulta de la Ley de Amnistía y el Programa de Convivencia Democrática como parte de un proceso de “unión y reconciliación nacional”. No obstante, la familia de Guanipa y sectores de la oposición cuestionaron las contradicciones entre estos anuncios y la persistencia de detenciones a dirigentes por motivos políticos.
Juan Pablo Guanipa había sido arrestado el 23 de mayo de 2025 durante una serie de operativos contra aliados de María Corina Machado. El entonces ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo presentó en televisión estatal como presunto “jefe” de una red destinada a “sabotear” las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras las denuncias de fraude electoral realizadas por la oposición. En el operativo de captura, transmitido por medios oficiales, Guanipa apareció esposado, con chaleco antibalas y escoltado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana.
Tras su excarcelación el domingo por la tarde, Guanipa había publicado un video donde afirmó: “Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.
El dirigente permaneció incomunicado durante varios días tras su primera detención, sin acceso inmediato a familiares ni abogados, y fue trasladado en varias ocasiones por dependencias policiales. Su paradero actual sigue sin conocerse, mientras su familia y aliados exigen respuestas y su liberación.
