Dólar oficial $1.460 – Dólar Turista 1.898 – Dólar blue $1.440 – Dólar MEP $1.464,98 – Contado con Liqui $1.508,38 – Riesgo País 516 //
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La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, volverá a la Justicia con un pedido concreto: que le restituyan la camioneta Toyota SW4 que le fue secuestrada en el marco de la investigación por presuntos delitos económicos durante su gestión. La discusión se dará en una audiencia prevista para la primera semana de febrero, ante un juez de Garantías.
El vehículo permanece retenido desde el 26 de diciembre de 2024 en un predio de la jefatura de Policía, donde —según planteó la propia Ruiz— se encuentra a la intemperie y en proceso de deterioro. Su abogado defensor, Alberto Balladini, sostiene que no existen razones legales para que la fiscalía mantenga el secuestro y que su clienta necesita el rodado para movilizarse.
Desde el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, la postura es opuesta. El fiscal jefe Pablo Vignaroli argumenta que la camioneta constituye una prueba central en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y que, en caso de una eventual condena, podría ser decomisada y rematada. Por ese motivo, se oponen a su restitución.
El conflicto será analizado el jueves 5 de febrero en una audiencia ante el juez de Garantías Juan Guaita, designado por la Oficina Judicial. Allí, la defensa insistirá en que la retención del vehículo carece de sustento, mientras que la fiscalía buscará mantener la medida.
Ruiz enfrenta imputaciones por presunta administración fraudulenta, vinculadas a contratos firmados durante su paso por la Vicegobernación y a transferencias de fondos a la Casa de las Leyes, organismo que en ese momento estaba a cargo de su hermano, Pablo Ruiz. A su vez, se le atribuye un posible enriquecimiento ilícito por no haber podido justificar el origen de los fondos con los que adquirió la camioneta pocos meses después de asumir el cargo.
En noviembre del año pasado, la ex vicegobernadora ya había solicitado la devolución del vehículo, pero el pedido fue rechazado por el fiscal Juan Narváez. Ahora, será un magistrado quien defina el destino de la SW4.
En paralelo, febrero será un mes clave para la causa: en ese período vence el plazo para que la fiscalía de Delitos Económicos concluya la investigación y decida si solicita la elevación a juicio, aunque también existe la posibilidad de que pida una prórroga.
