La investigación por la presunta venta de licencias de conducir irregulares en Neuquén tuvo un punto de partida preciso: una denuncia realizada por la Municipalidad tras detectar un documento que había sido emitido por fuera de los sistemas oficiales. Ese hallazgo permitió comenzar a reconstruir una trama que, según la pesquisa judicial, funcionaba como un circuito paralelo para obtener carnets sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
El caso salió a la luz a mediados de 2025, cuando un conductor profesional intentó renovar su licencia en la delegación municipal de la ETON. El trámite fue rechazado porque no reunía las condiciones exigidas para la renovación, entre ellas capacitaciones obligatorias vencidas y observaciones vinculadas a su situación de antecedentes penales.
La situación parecía haber terminado allí. Sin embargo, apenas unos días después, el mismo conductor fue interceptado durante un control de tránsito y exhibió una licencia aparentemente válida. La situación llamó la atención de los inspectores, que conocían el antecedente del trámite rechazado y decidieron consultar con las autoridades del área de Licencias de Conducir.
Al verificar los datos, surgió la primera irregularidad: el documento presentado por el chofer no figuraba en los registros oficiales ni estaba cargado en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC). Aunque el plástico tenía características similares a una licencia auténtica, carecía de respaldo administrativo.
Ese hallazgo fue el disparador de la investigación. Desde la Municipalidad se realizó una denuncia formal ante la Justicia y se comenzó a colaborar con la Policía y el Ministerio Público Fiscal para determinar cómo se había emitido esa credencial y si existían otros casos similares.
Con el avance de las actuaciones aparecieron nuevos indicios. En distintos trámites de renovación y controles de tránsito se detectaron otras licencias con el mismo patrón: documentos que aparentaban ser originales, pero que no estaban registrados en los sistemas oficiales.
Según la investigación, la operatoria no consistía en falsificaciones burdas sino en la entrega de licencias con apariencia legítima. Esto provocó que muchos de los compradores creyeran estar realizando un trámite válido, aunque en realidad el documento carecía de validez legal.
La denuncia municipal también permitió profundizar sobre el funcionamiento de la presunta red. Los investigadores determinaron que las licencias eran ofrecidas a través de redes sociales y contactos informales, con valores que oscilaban entre los 160.000 y los 300.000 pesos. La promesa era obtener el carnet sin atravesar las instancias obligatorias de evaluación y capacitación.
A medida que avanzó la pesquisa, surgieron sospechas sobre la posible participación de personas vinculadas al área de licencias y aparecieron otros elementos bajo investigación, entre ellos la desaparición de una impresora utilizada para la emisión de carnets.
La causa derivó esta semana en allanamientos ordenados por la Justicia y en la demora de cuatro personas, dos de ellas empleados municipales. Además, se secuestraron teléfonos celulares, documentación, licencias de conducir y sellos que podrían estar relacionados con la maniobra.
Mientras la investigación continúa, desde la Municipalidad remarcaron que fueron las propias áreas de control las que detectaron las irregularidades y promovieron la denuncia que permitió exponer una estructura que habría operado durante años por fuera de los mecanismos oficiales de emisión de licencias.
