
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que la investigación por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con la compra de una mansión en Pilar continúe en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes dejaron sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había atribuido la competencia al Juzgado Federal de Campana.
El expediente investiga operaciones financieras y patrimoniales presuntamente relacionadas con la administración de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre los imputados se encuentran su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La resolución de la Corte define qué tribunal debe continuar con la investigación, pero no establece responsabilidades penales sobre las personas involucradas.
La causa comenzó con una investigación sobre la adquisición de una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, cuya valuación fue estimada en 17 millones de dólares.
Las primeras sospechas se concentraron en Luciana Pantano y Ana Conte, a quienes se atribuyó la compra del inmueble mediante la sociedad Real Central SRL.
La investigación busca determinar si las personas involucradas contaban con capacidad económica suficiente para justificar la operación y establecer el origen de los fondos utilizados.
Con el avance del expediente, los investigadores incorporaron nuevas operaciones y personas físicas y jurídicas.
La hipótesis judicial comprende la posible utilización de sociedades comerciales, transferencias de dinero, adquisición de vehículos de alta gama y compra de inmuebles mediante estructuras empresariales constituidas en distintas jurisdicciones.
También se analizan movimientos financieros internacionales que podrían estar relacionados con recursos administrados por la AFA.
El conflicto de competencia llegó al máximo tribunal después de una serie de decisiones judiciales sobre qué juzgado debía continuar con la investigación.
Inicialmente, el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires se declaró incompetente y el expediente pasó al fuero penal económico.
Posteriormente, a partir de planteos de las defensas, el Juzgado Federal de Campana solicitó que la causa fuera remitida a esa jurisdicción.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación debía continuar en Campana, pero esa decisión fue cuestionada por el fiscal general Mario Villar mediante un recurso ante la Corte Suprema.
Al analizar el caso, los jueces consideraron que la investigación no se limita a la compraventa de la propiedad ubicada en Pilar.
Según los fundamentos de la sentencia, las operaciones bajo sospecha comprenden la constitución y modificación de sociedades, transferencias de participaciones, ampliaciones de capital y decisiones comerciales relacionadas con la adquisición y utilización de distintos activos.
La Corte entendió que la mayor parte de esos elementos presenta una vinculación territorial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uno de los argumentos centrales del fallo fue que el lugar donde se encuentra la propiedad investigada no determina por sí solo qué tribunal debe intervenir.
Los magistrados señalaron que Real Central SRL, la sociedad mediante la cual se habría concretado la adquisición del inmueble, registraba su sede social en la Ciudad de Buenos Aires.
También tuvieron en cuenta que el contrato de compraventa se celebró en un domicilio porteño y que la propia Asociación del Fútbol Argentino tiene su sede en esa jurisdicción.
Otro aspecto considerado fue la hipótesis sobre la existencia de una red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.
Según la investigación, esa estructura podría haber sido utilizada para canalizar fondos obtenidos lícitamente por la AFA fuera del circuito bancario argentino mediante distintas operaciones financieras.
Para la Corte, estos elementos justifican que el expediente continúe en la Justicia Federal porteña y no en Campana.
La causa incluye al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero de la institución, Pablo Toviggino, quienes fueron mencionados entre los imputados que formularon planteos sobre la competencia judicial.
Tapia negó tener vinculación con la propiedad investigada. En una declaración bajo juramento sostuvo que no tenía relación con la casa de Pilar.
La investigación deberá establecer si existió alguna conexión entre los movimientos financieros bajo análisis, las personas investigadas y la administración de recursos de la entidad que conduce el fútbol argentino.
La existencia de imputaciones y sospechas judiciales no constituye una determinación de culpabilidad.
Con la decisión de la Corte Suprema, quedó sin efecto la resolución que había establecido la competencia del Juzgado Federal de Campana.
El expediente continuará en el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Daniel Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py.
La Justicia deberá analizar las operaciones patrimoniales y financieras incorporadas a la causa, así como los elementos relacionados con la compra de la propiedad de Pilar y los movimientos de fondos que se encuentran bajo sospecha.
La resolución del máximo tribunal define la competencia judicial, mientras que la investigación sobre el origen del dinero y las eventuales responsabilidades penales permanece abierta.