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El rechazo al pedido de licencia del juez federal obliga al oficialismo a buscar votos en el Senado para su nombramiento en la Corte Suprema.
La decisión de la Corte Suprema de rechazar el pedido de licencia de Ariel Lijo, condicionando su asunción como juez del máximo tribunal a su renuncia al juzgado federal que ocupa, generó sorpresa y malestar en la Casa Rosada. El voto en contra de Manuel García Mansilla, recientemente nombrado en comisión por el presidente Javier Milei, fue especialmente llamativo para el oficialismo, que esperaba contar con su respaldo.
Desde el entorno del presidente, en un primer momento, se mostraron incrédulos ante la información que circulaba en los medios, dudando de que la votación hubiera ocurrido efectivamente. Sin embargo, con la confirmación oficial de la decisión del Máximo Tribunal, el Gobierno se vio obligado a recalcular su estrategia.
A pesar del revés, en la administración de Milei aseguraron que mantendrán el pliego de Lijo y seguirán buscando los votos necesarios en el Senado para su designación. El magistrado, por su parte, ya dejó trascender que no tiene intenciones de renunciar a su cargo, lo que complica aún más el panorama para el oficialismo.
La falta de acuerdo en la Cámara Alta ha sido un obstáculo recurrente para la administración libertaria en su intento de avanzar con los nombramientos en la Corte. Aunque el pliego de Lijo había logrado reunir las firmas necesarias en comisión con el apoyo parcial de Unión por la Patria, la sesión clave para tratarlo se frustró, en medio de una crisis política que incluyó la polémica por la criptomoneda $LIBRA y la falta de consenso con la oposición.
El nombramiento en comisión de García Mansilla avanzó y fue oficializado con su jura ante la Corte, pero la postulación de Lijo quedó en suspenso. Ahora, con la reciente resolución del Máximo Tribunal, el Gobierno enfrenta una nueva barrera para consolidar su estrategia judicial.