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La causa judicial que involucra a la Asociación Mutual de Trabajadores de la Construcción de Neuquén (AMTCN) volvió al centro de la escena tras el desarchivo dispuesto por la fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero. El expediente, que había sido cerrado bajo la figura de compulsión asociativa, fue reactivado en enero con una nueva hipótesis: presunta estafa y eventual administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos de la entidad.
En el núcleo del caso aparece Juan Carlos Levi, dirigente de la UOCRA y referente de la mutual, que actualmente impulsa la construcción de un edificio de cinco niveles en la meseta de Añelo. Según la investigación, se analizan transferencias realizadas desde la mutual hacia empresas relacionadas con socios de la institución, algunos con vínculos familiares.
El abogado defensor, Sebastián Perazzolli, cuestionó el cambio de encuadre jurídico y el alcance de los nueve allanamientos simultáneos realizados en el marco de la causa. Sostuvo que la denuncia original, presentada en 2024 por un grupo de trabajadores que alegaban afiliaciones inducidas, fue archivada por falta de pruebas y que el nuevo eje investigativo no fue parte de aquella presentación inicial.
Del archivo por afiliaciones a la hipótesis de estafa
La denuncia inicial apuntaba a una supuesta coacción para afiliarse a la mutual bajo amenaza de perder oportunidades laborales. Tras la investigación correspondiente, el expediente fue archivado. Sin embargo, meses después, la fiscalía decidió reabrirlo bajo un enfoque distinto, centrado en los gastos y transferencias internas de la entidad.
Para la defensa, el giro procesal marca un punto de inflexión que trasciende lo estrictamente jurídico. Perazzolli afirmó que los fondos cuestionados estarían invertidos en la obra que la mutual desarrolla en Añelo, un complejo que incluiría oficinas, albergues y servicios, cuyo costo estimado de construcción oscila entre 1.800 y 2.500 dólares el metro cuadrado, según valores de mercado.
El letrado sostuvo que, al analizar la evolución patrimonial de la mutual, no surge una hipótesis consistente de administración fraudulenta. También cuestionó la extensión de los plazos procesales y señaló que, a su entender, no existen elementos objetivos que justifiquen una formalización de cargos.
Los celulares de dirigentes y la interna sindical
Uno de los episodios más llamativos del expediente ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando dos dirigentes de la UOCRA que integran la comisión directiva entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
Ese día, Juan Acsama aportó información extraída de un chat de WhatsApp denominado “PEDRO PAISA”, mientras que César Godoy facilitó cuatro imágenes de la galería de su dispositivo. Ambos procedimientos quedaron formalizados mediante actas y los equipos fueron devueltos en las mismas condiciones.
Según la hipótesis de la defensa, estos dirigentes —que comparten conducción gremial con Levi— habrían declarado como testigos e intentado involucrarlo en la maniobra investigada. El contexto no es menor: en 2024, tras tensiones internas, se había firmado un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo que dividió territorialmente la representación sindical en zonas clave de Vaca Muerta, buscando frenar conflictos.
La denominada “paz social” estableció áreas de influencia para distintos referentes del gremio, incluyendo a Levi en Añelo y zonas aledañas. Sin embargo, el resurgimiento de la causa y la incorporación de material proveniente de celulares vuelven a entrelazar lo judicial con la interna sindical.
La defensa sostiene que el expediente comenzó como una denuncia por afiliaciones y hoy exhibe un trasfondo político-gremial. Con el desarchivo, la revisión de transferencias y la participación de dirigentes como testigos, la causa avanza mientras se profundiza el debate sobre si se trata exclusivamente de una investigación económica o de un capítulo más en la disputa por el control territorial en el auge de Vaca Muerta.
