El Gobierno optó por abandonar, por ahora, un rediseño integral del sistema tributario y avanzará con ajustes parciales desde 2026. La apuesta oficial es sostener el equilibrio fiscal y concentrar el capital político en la reforma laboral.
El Gobierno nacional decidió recalcular su estrategia económica y postergar la reforma tributaria integral que había sido anunciada como uno de los pilares del programa de transformaciones estructurales. En su lugar, la Casa Rosada avanzará con cambios graduales y fragmentados en el sistema impositivo, que comenzarían a aplicarse a partir de 2026, con el objetivo de limitar el impacto fiscal y evitar tensiones en las cuentas públicas.
La definición se tomó en un contexto de restricciones presupuestarias y escaso margen político. En el oficialismo reconocen que hoy no están dadas las condiciones para impulsar una reforma de gran alcance en el Congreso, por lo que el rediseño tributario será dividido en iniciativas más acotadas, a tratarse de manera escalonada entre 2026 y 2027.
En el corto plazo, la prioridad del Ejecutivo está puesta en lograr la aprobación de la reforma laboral, que ya ingresó al Senado y que el Gobierno busca sancionar antes de febrero. En Balcarce 50 consideran que ese proyecto es una condición previa para avanzar luego con modificaciones impositivas más profundas, en la medida en que permita mejorar la competitividad y sentar las bases para el crecimiento económico.
Mientras tanto, los equipos técnicos del Ministerio de Economía trabajan en distintos escenarios para el esquema tributario futuro, aunque admiten que las propuestas más ambiciosas quedaron en pausa. Entre ellas, un nuevo diseño del IVA, la eliminación del impuesto al cheque y una revisión del régimen de coparticipación federal, iniciativas que hoy aparecen como inviables por la falta de consensos y el riesgo fiscal que implican.
Uno de los focos de análisis es el monotributo, un régimen que el propio Gobierno considera agotado en el mediano plazo. Las alternativas en estudio apuntan a reemplazarlo por mecanismos más flexibles que faciliten el pasaje al régimen general, mediante incentivos fiscales progresivos. Este punto también figura entre las observaciones del Fondo Monetario Internacional, que sigue de cerca la evolución del sistema impositivo argentino.
Desde el Ejecutivo subrayan que cualquier alivio tributario tendrá costos en términos de recaudación y que solo se avanzará si el crecimiento económico permite compensarlos. En esa línea, el Gobierno plantea que las eventuales bajas de impuestos deberán ir acompañadas de ajustes en el gasto provincial, con la intención de promover una mayor competencia fiscal entre las jurisdicciones.
Como anticipo de esta estrategia, el oficialismo incluyó modificaciones tributarias dentro del proyecto de reforma laboral enviado al Congreso. El paquete prevé reducciones en el impuesto a las Ganancias para empresas, nuevas exenciones en operaciones financieras e inmobiliarias, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la devolución del saldo técnico de IVA desde el tercer período fiscal y la eliminación de tributos internos de baja recaudación.
Para el Gobierno, estas medidas funcionan como un primer ensayo de la hoja de ruta impositiva que se proyecta para los próximos años, con la promesa de una baja tributaria más amplia, pero supeditada a la evolución de la economía y al sostenimiento del equilibrio fiscal.
