En los primeros ocho meses de 2024 y 2025, la presión tributaria nacional se redujo en más de cuatro puntos porcentuales del PBI, lo que representa un alivio equivalente a USD 33.000 millones para el sector privado, según datos oficiales analizados por la consultora Econviews.
Este descenso se tradujo en mayor poder de compra para los hogares y nuevos incentivos a la inversión empresarial, tras años de niveles récord de recaudación. Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la presión fiscal había llegado al 31% del PBI, y en la gestión de Alberto Fernández se mantuvo cerca del 30%. El cambio comenzó con la administración de Javier Milei, que proyecta cerrar 2025 en torno al 25% del PBI.
El alivio se reflejó en los principales organismos recaudadores:
DGI (impuestos internos): bajó de 14,2% del PBI en 2023 a 11,7% en 2024 y 2025.
Aduana: descendió de 6,1% a 4,4% este año.
Anses (aportes y contribuciones): cayó a 4,9% en 2024 pero repuntó al 5,5% en 2025 con la recuperación del empleo formal.
La distribución del alivio muestra que en 2024 se liberaron USD 12.450 millones y en 2025 la cifra trepó a USD 20.745 millones, que quedaron en manos de empresas y trabajadores en lugar de ser absorbidos por el fisco.
El Gobierno busca consolidar esta tendencia en el presupuesto 2026, que presentará el lunes 15 el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El desafío será mantener la reducción de la carga impositiva, sostener la competitividad de las empresas y, al mismo tiempo, responder a las demandas sociales.
Con este giro, la Argentina muestra un Estado con menor peso recaudatorio y una transferencia histórica de recursos hacia el sector productivo, con potencial para impulsar tanto el consumo privado como la inversión real.
