En comunicado, el organismo señala la decisión del juzgado civil N°8 de Buenos Aires como “censura previa”.
La Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado este sábado donde rechaza la prohibición de la Justicia de nombrar al periodista Jorge Lanata en los medios y lo calificó como “censura previa”.
La jueza Lucila Córdoba, desde el juzgado civil N°8 de Buenos Aires, comunicó este viernes que se prohíbe “la difusión de cualquier información relacionada con Jorge Ernesto Lanata, incluyendo su imagen, su vida privada, su situación familiar y detalles del proceso judicial en curso”.
Con respecto a este dictamen, la Academia señaló: “La decisión de la jueza Lucila Córdoba viola un artículo de la Constitución y el derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa”.
COMUNICADO
La Academia Nacional de Periodismo rechaza categóricamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8 que prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en página WEB), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa. La decisión de la jueza Lucila Córdoba viola un artículo de la Constitución y el derecho internacional
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Es una medida que va en contra de las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa, como el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.Esta decisión judicial se agrega a lo sucedido en septiembre cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ese decreto busca limitar el acceso a la información pública. Se recuerda otro caso de censura previo como el que dictó en 1992 hacia Tato Bores la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien interpuso un recurso para que unode los segmentos del ciclo con los famosos monólogos de Tato no saliera al aire. La reacción de artistas y periodistas fue inmediata y ese episodio quedó en la historia de la televisión. La censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública son un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa.
Silvia Naishtat Joaquín Morales Solá
Académica secretaria Presidente
Los puntos a los que la organización hizo referencia son el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. En relación con este caso, la Academia menciona el decreto 780/2024 mediante el que el Gobierno modificó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública que limita el acceso a la información pública, y se rememora el caso de censura previa de 1992, cuando la jueza María Romilda Servini de Cubría interpuso un recurso para que los monólogos de Tato Borges no salieran al aire.
“La censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública son un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa”, cerró el comunicado.
El duro comunicado de ADEPA por la medida que les prohíbe a los medios hablar de Lanata: “Es censura judicial”
Luego de que el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires impusiera una restricción que impide que se hable de Jorge Lanata en los medios de comunicación, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó un duro comunicado.
“Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa”, expresaron en el escrito.
Asimismo, desde ADEPA señalaron que se trata de una “censura judicial” que “puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes”, y “que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.
En esta línea, la organización repudió esta restricción y retomó los puntos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó para definir la censura. “Cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa”, sostuvieron.
La medida que prohíbe hablar de Lanata en los medios fue solicitada por su esposa, Elba Marcovecchio, luego de que en los últimos días se desatara un escándalo que involucra denuncias cruzadas con las hijas del periodista, Bárbara y Lola. Ellas la acusaron ante la Justicia “por hurtar elementos de gran valor” y dinero en efectivo, así como afectar la salud del reconocido comunicador.
