La nena de 4 años fue golpeada y quemada viva en La Rioja. La Justicia condenó a su madre y a un falso pastor por homicidio agravado. Denuncias previas de maltrato fueron ignoradas por las autoridades.
Después de más de 50 audiencias y una larga espera de justicia, el crimen de Zoe Rodríguez —la nena de cuatro años asesinada en 2021 en La Rioja— encontró una resolución en los tribunales: su madre, Gimena Córdoba, y un falso pastor evangélico, Andrés Bustamante, fueron condenados a prisión perpetua. El fallo no solo reveló la brutalidad del caso, sino también las omisiones de un Estado que desoyó al menos siete advertencias de la familia paterna.
Zoe fue asesinada el 14 de noviembre de 2021. Sufrió una feroz golpiza que le provocó múltiples fracturas y luego fue incinerada en el patio de su casa, aún con vida. Los forenses confirmaron que la causa de muerte fue asfixia por inhalación de humo y quemaduras. Las pericias también descartaron abuso sexual, aunque la saña del ataque conmocionó a toda la provincia.
Un fallo ejemplar pero con heridas abiertas
La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja dictó la pena máxima contra Córdoba y Bustamante, ambos encontrados culpables por homicidio triplemente agravado: por el vínculo, alevosía y criminis causa. En el caso del pastor, los jueces consideraron su rol como coautor: fue él quien proveyó el combustible y participó en el montaje de una falsa escena de accidente.
Para la familia paterna, que crió a Zoe hasta los tres años, el fallo solo trajo algo de alivio. “Se hizo justicia, pero no alcanza. Nadie va a devolvernos a Zoe”, expresó el abuelo Oscar Rodríguez. Su hijo, Kevin, recién pudo reconocer a su hija después del crimen. En redes sociales escribió: “Puedo sentir tranquilidad porque vas a poder descansar en paz”.
Una historia marcada por la negligencia institucional
La violencia que terminó con la vida de Zoe había sido advertida por su entorno. En siete oportunidades, la familia paterna denunció el maltrato por parte de Córdoba, quien recuperó la tenencia en 2020 pese a haber abandonado a la niña cuando tenía apenas cuatro meses. La decisión judicial se basó en la ausencia del apellido paterno en los registros de Zoe.
Luego del crimen, se supo que Nelly Zaguas, titular de la Secretaría de la Mujer, Familia y Género de Chilecito, había sido advertida de la situación, pero no activó los protocolos de protección ni judicializó el caso. “La justicia llegó tarde para Zoe, pero no debe llegar tarde para otros niños”, declaró la jueza Karina Cabral, una de las integrantes del tribunal.
Un entorno de extrema vulnerabilidad
Durante el juicio, quedó acreditado que Córdoba vivía en condiciones de pobreza extrema, ejercía la prostitución y era adicta a las drogas. Dependía económicamente de Bustamante, quien mantenía con ella una “relación utilitaria” basada en dinero y sexo, según relataron psicólogos y trabajadores sociales que testificaron en el proceso.
Las pericias psiquiátricas revelaron que Córdoba presenta una personalidad psicopática, sin afecto por su propia hija. Bustamante, por su parte, utilizaba un discurso religioso para justificar sus acciones. Ninguno de los dos mostró arrepentimiento durante el juicio.
Condena firme, impunidad institucional
Además de la prisión perpetua, los jueces ordenaron tratamientos psicológicos y psiquiátricos para ambos condenados. Pero la familia de Zoe insiste en que aún queda una deuda pendiente: investigar y sancionar la responsabilidad de los funcionarios públicos que no actuaron ante las denuncias. “Ese expediente se perdió el día que mataron a Zoe”, afirmó su abuelo.
Gimena Córdoba y Andrés Bustamante, en el juicio que los condenó a prisión perpetua. (Foto: Facebook/ Justicia por Zoe).
El abogado de la familia, Javier Ferreira, también pidió que no se otorgue prisión domiciliaria a Bustamante pese a su edad: “Por la gravedad del delito no corresponde ningún beneficio”. A su vez, la familia prepara una querella contra los organismos que desoyeron las alertas que podrían haber salvado la vida de Zoe.
Un altar para no olvidar
En la casa de los Rodríguez, en Chilecito, aún se conservan la ropa, los juguetes y las fotos de Zoe. Le armaron un altar en su honor y aseguran que la recuerdan todos los días. “Zoe era feliz con nosotros. La Justicia tiene que proteger a los chicos. No podemos permitir que algo así se repita”, concluyó Oscar Rodríguez, con la voz quebrada por la memoria y el dolor.
