
El juicio por la expropiación de YPF ingresó en una nueva etapa judicial en Estados Unidos. Ocho meses después de que una Corte de Apelaciones revocara la condena de US$16.100 millones contra Argentina, la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si acepta revisar aquella sentencia.
Uno de los escenarios posibles es que el máximo tribunal solicite previamente la opinión del Gobierno de Donald Trump, a través del procurador general de Estados Unidos, John Sauer.
La eventual intervención de la Casa Blanca fue analizada en un informe de Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors, quien considera que la recomendación del procurador podría tener una influencia significativa sobre la decisión judicial.
Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon que la consulta al Gobierno estadounidense todavía no fue dispuesta y no existe certeza de que vaya a producirse.
El 27 de marzo de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que en 2023 había condenado al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012.
La condena original había sido dictada por la jueza Loretta Preska.
El tribunal de apelaciones consideró que la sentencia había interpretado incorrectamente el derecho argentino aplicable al proceso de expropiación.
Esa resolución representó una victoria judicial para Argentina, pero los fondos demandantes decidieron continuar el litigio.
El 30 de septiembre presentaron un recurso denominado certiorari, mediante el cual solicitaron que la Corte Suprema estadounidense revise el fallo.
La presentación busca que el máximo tribunal acepte intervenir en una controversia que ya atravesó distintas instancias judiciales.
El próximo paso procesal será la presentación del escrito de oposición del Estado argentino al pedido de revisión.
La Procuración del Tesoro confirmó que el plazo vence el 2 de diciembre de 2026.
A partir de esa presentación, la Corte Suprema deberá evaluar si corresponde aceptar el recurso de los demandantes.
Desde el organismo que representa judicialmente al Estado señalaron que el tribunal no trataría el caso antes de enero de 2027.
También explicaron que existen distintas alternativas: la Corte podría rechazar directamente el recurso o solicitar previamente la opinión del procurador general estadounidense.
Por lo tanto, todavía no está confirmado que el Gobierno de Trump deba pronunciarse sobre el litigio.
Si la Corte Suprema decide consultar al Poder Ejecutivo estadounidense, el encargado de expresar su posición será el procurador general John Sauer.
Su intervención consistiría en recomendar si el máximo tribunal debería aceptar o rechazar el pedido de revisión presentado por los demandantes.
De acuerdo con el informe de Latam Advisors, las recomendaciones del procurador general son seguidas por la Corte Suprema en aproximadamente el 80% de los casos en los que solicita esa opinión.
Maril estima que, si se concreta la consulta, la respuesta podría conocerse antes de mayo de 2027 y la decisión sobre la admisión del recurso podría llegar durante el segundo trimestre.
El informe también recuerda un antecedente de 2019, cuando durante la primera presidencia de Trump el entonces procurador general Noel Francisco respaldó una posición favorable a los demandantes en una etapa anterior del proceso.
Ese antecedente no determina cuál sería la postura actual de la administración estadounidense.
El recurso ante la Corte Suprema fue impulsado por los demandantes Petersen y Eton Park, cuyos reclamos están vinculados con el financiamiento de litigios de Burford Capital.
Los fondos cuestionan la decisión del tribunal de apelaciones y sostienen que su interpretación podría afectar la protección de los derechos contractuales de los inversores.
El pedido recibió el respaldo de 15 estados estadounidenses, además de representantes de ámbitos académicos, financieros y jurídicos.
Desde la Procuración del Tesoro argentina rechazaron esos argumentos y defendieron la sentencia favorable al país.
El organismo sostuvo que la controversia fue resuelta mediante la aplicación del derecho argentino, criterio que ambas partes habían aceptado durante el proceso.
También señaló que los demandantes no demostraron la existencia de una cuestión de derecho federal estadounidense que justifique la intervención de la Corte Suprema.
El informe de Latam Advisors advierte que los tiempos judiciales podrían hacer coincidir una eventual decisión de la Corte Suprema con la campaña presidencial argentina del próximo año.
En ese escenario, el caso YPF podría volver a ocupar un lugar central en la discusión política.
La expropiación de la petrolera fue dispuesta en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Axel Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía.
El análisis de Maril plantea que una reapertura del expediente podría reactivar el debate sobre aquella decisión y sus consecuencias económicas.
No obstante, también advierte que una eventual revisión judicial podría generar incertidumbre financiera para el Gobierno actual.
La relación política entre Javier Milei y Donald Trump constituye otro elemento del escenario, aunque el informe señala que esa cercanía no permite anticipar la posición que adoptaría Washington.
La Corte Suprema estadounidense recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes de revisión por período de sesiones y suele aceptar alrededor de 80.
Esto significa que la admisión de un recurso constituye una decisión excepcional.
En el caso YPF, el tribunal deberá determinar si existen razones jurídicas suficientes para intervenir sobre el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York.
Por el momento, la sentencia que revocó la condena de US$16.100 millones continúa vigente, mientras se encuentra pendiente la resolución del pedido presentado por los demandantes.
La próxima fecha confirmada del proceso es el 2 de diciembre, cuando Argentina deberá presentar formalmente sus argumentos para que la Corte Suprema rechace la revisión.