La etapa final de los testigos de la fiscalía en el juicio por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén estará marcada por la exposición de un documento central: un informe técnico-contable de 250 páginas que reconstruye, paso a paso, la maniobra atribuida a 14 exfuncionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social.
Melisa Laura Benítez Jaccod y Agustina Martínez, contadoras del Ministerio Público Fiscal, presentarán desde este miércoles sus conclusiones, elaboradas en septiembre de 2024. El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez confían en que sus declaraciones consolidarán la hipótesis de una asociación ilícita dedicada a desviar fondos mediante el cobro indebido de subsidios sociales.
El juicio, que ya suma cuatro semanas de audiencias, pasará la próxima semana a la fase de la defensa, cuando los abogados de los imputados intenten desmontar la acusación con sus propios testigos.
En la jornada previa, la exdirectora general de Administración del ministerio, Griselda Cittadini, brindó un testimonio que generó tensión en la sala. Señaló que durante su gestión (2020-2021) observó “formas de trabajo que omitían los pasos de la ley” y que se negó a avalarlas. Entre las irregularidades mencionó el uso de cheques sin la leyenda “no a la orden”, lo que permitía endosarlos y cobrar el dinero a través de terceros, una operatoria que —según la fiscalía— alimentaba la llamada “caja azul” del despacho de Ricardo Soiza.
El contralor formal, según Cittadini, recaía en el contador Julio Arteaga, síndico de la Contaduría General de la provincia, quien aprobaba expedientes y, de acuerdo con otros testigos, retiraba cheques mensualmente. Arteaga está imputado, pero no será juzgado por problemas de salud.
La declaración de las contadoras será el último movimiento de la fiscalía antes de ceder la palabra a la defensa. El veredicto final, todavía lejano, dependerá en gran medida de la fuerza probatoria que este informe logre sostener en el estrado.
