El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que existe una investigación abierta sobre un eventual segundo tramo del caso de los planes sociales en Neuquén —denominado informalmente “Planes Sociales 2”— y adelantó que ese expediente será analizado una vez que concluya el proceso de imposición de penas en la causa principal, que dejó 12 personas condenadas por administración fraudulenta agravada.
Aunque el Ministerio Público Fiscal logró probar el desvío de fondos públicos entre 2020 y 2022, la trama del dinero aún no aparece completa, y muchas preguntas siguen sin respuesta.
Lo que sí se probó y lo que quedó afuera
En diálogo con Línea Abierta por LU5, Vignaroli explicó los límites probatorios que condicionaron la acusación. Señaló que, aunque en el juicio aparecieron numerosos nombres mencionados por testigos —personas que presuntamente recibían sobres con dinero y que figuraban en la llamada “Caja Azul”, manejada por el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza—, la fiscalía no logró reunir evidencia suficiente para imputarlas.
“Una cosa es que alguien sea mencionado en la investigación, y otra es tener elementos para llevarlo a juicio”, sostuvo. Y aclaró que no corresponde interrogar sobre personas no imputadas porque “ya se investigó antes y no había elementos para avanzar”.
Por qué no se investiga hacia atrás
Uno de los puntos más relevantes que expuso el fiscal es que no habrá una pesquisa que retroceda en el tiempo más allá del período analizado (septiembre de 2020 a julio de 2022). Vignaroli explicó que las prácticas previas —el pago de subsidios en efectivo con cheques globales, sin trazabilidad individual— hacen prácticamente imposible reconstruir operaciones previas con el mismo nivel de documentación.
“Antes no se emitían cheques individuales. Podemos inferir que sacaban un montón de plata, dividían y repartían. Pero no lo podemos probar, y sin pruebas no podemos acusar”, remarcó.
¿Qué pasa con el dinero? La pregunta que incomoda
Aunque la Fiscalía de Estado impulsa el recupero de los 153 millones de pesos defraudados, el dinero no aparece. Persisten dudas sobre procedimientos administrativos relevantes:
-
¿Están bien hechos los sumarios a empleados públicos que cobraron planes?
-
¿Se identificó correctamente a quienes integraban los listados paralelos?
-
¿Hubo desvíos que no quedaron registrados?
El propio Vignaroli reconoció que “muchas cosas no se pudieron probar”, aun cuando fueran plausibles en términos hipotéticos.
Planes Sociales 2: qué viene en 2026
El fiscal confirmó que hay una investigación preliminar sobre otra operatoria con planes sociales, manejada bajo condiciones distintas a las del caso juzgado. Esa segunda causa, aún sin imputaciones formales, será analizada en profundidad una vez que el tribunal imponga las penas del juicio principal.
“Vamos a terminar de analizar lo que se denominó Planes Sociales 2 para ver si tenemos los mismos elementos que aquí como para avanzar”, dijo.
La expectativa es baja: si no hay listados paralelos, bancarización o cheques individualizados, será difícil acreditar maniobras similares a las probadas recientemente.
Un cierre a medias y un futuro abierto
Para Vignaroli, el capítulo probatorio del juicio actual está cerrado: “Lo que se probó, se llevó a juicio; lo que no, quedó afuera”. Pero el caso como fenómeno político-administrativo está lejos de terminar. Persisten tramas sin resolver, dinero sin recuperar y sospechas que no alcanzaron el estándar probatorio.
La segunda parte de la historia —si es que la evidencia lo permite— se escribirá en 2026.
¿Será suficiente para responder a la pregunta central de la sociedad neuquina?
El fiscal no lo promete. Y quizá esa sea la señal más clara de que el caso aún está en su fase más incierta.
