Una empleada de Loncopué fue denunciada por apropiarse de casi dos millones de pesos mediante transferencias bancarias realizadas desde la cuenta de una compañera de trabajo. El caso salió a la luz tras meses de movimientos no detectados y derivó en un allanamiento que reveló evidencia clave. La joven quedó en libertad, pero supeditada a la causa mientras avanza la investigación fiscal.
La denuncia fue radicada semanas atrás, cuando la víctima advirtió múltiples transacciones que no reconocía en sus dos cuentas bancarias. Según explicó el comisario Sergio Huanque, la mujer no utilizaba home banking ni revisaba habitualmente los movimientos, por lo que la maniobra se extendió al menos durante tres meses. Las transferencias comenzaron con montos bajos hasta llegar a desvíos que, en conjunto, superaron ampliamente el millón de pesos.
Un vínculo laboral y un descuido que abrió la puerta al fraude
Al revisar la información bancaria, los investigadores detectaron que los fondos iban siempre hacia la misma cuenta, perteneciente a otra vecina de Loncopué. Con esos datos, el fiscal Marcelo Jofré ordenó un allanamiento en una vivienda de calle Mascardi. La pesquisa no solo permitió secuestrar celulares, una notebook, memorias y pendrives, sino también facturas y tickets que contenían el número de cuenta de la víctima, un dato que reforzó la sospecha de participación directa.
La clave del caso estuvo en cómo accedió la estafadora a la información bancaria. Según relató Huanque, no se trató de un engaño digital ni de una sofisticada maniobra de hackeo: ambas trabajaban juntas en una institución local. En un descuido de la víctima, la acusada habría obtenido los datos de acceso y comenzó a operar como si la cuenta fuera propia. Los investigadores remarcaron que, pese a las reiteradas campañas de prevención sobre datos sensibles, este tipo de situaciones siguen ocurriendo por confianza o falta de controles personales.
Allanamiento, evidencia contundente y una sospechosa notificada
Durante la requisa del viernes pasado, la joven de 29 años quedó frente a pruebas contundentes y fue formalmente notificada de la causa en su contra. Se la invitó a designar defensa particular y, tras constatar sus antecedentes, recuperó la libertad, aunque quedó supeditada al avance de la investigación. Todos los dispositivos electrónicos secuestrados serán peritados en las próximas semanas para determinar la totalidad de las transacciones realizadas y el período exacto en que se ejecutó la estafa.
La causa, dirigida por el fiscal Marcelo Jofré, busca ahora reconstruir cada movimiento de dinero y delimitar con precisión el alcance económico del fraude que, según estiman las autoridades, ronda los dos millones de pesos y podría ampliarse si se detectan transferencias previas aún no identificadas.
