Dólar oficial $1.450 – Dólar Turista 1.885 – Dólar blue $1.435 – Dólar MEP $1.447,50 – Contado con Liqui $1.497,50 – Riesgo País 512 //
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El caso se remonta al año 2023, cuando una mujer identificada como Jennifer Mabel Silva intentó ingresar cocaína a un detenido en la comisaría 28 de Bariloche, conocida como Alto Bariloche. Lo hizo en dos oportunidades y en ambas fue descubierta por el personal policial en las requisas de rutina.
La primera tentativa ocurrió el 30 de junio de ese año, minutos después de las 20, cuando Silva se presentó en la unidad policial para visitar a Fabián Santibáñez, quien se encontraba detenido. Los agentes revisaron los elementos que llevaba y encontraron un envoltorio con 1,66 gramos de cocaína oculto dentro de un trozo de pan.
Pese a aquel hallazgo, la acusada no desistió. El 27 de septiembre volvió a presentarse en la misma dependencia policial para visitar nuevamente a Santibáñez. En esa ocasión, intentó entregar una bolsa con 0,38 gramos de cocaína al detenido, luego de solicitar ingresar al baño.
Ante ambos hechos, la Justicia Federal imputó a la mujer por “suministro de estupefacientes ocasional y a título gratuito, agravado por ocurrir dentro de un establecimiento de detención, en grado de tentativa por dos hechos que concurren en forma real entre sí”.
El proceso judicial tuvo continuidad el pasado 1 de septiembre, cuando se realizó una audiencia a pedido de la fiscal general María Frezzini, responsable del Área de Transición de la Unidad Fiscal General de Roca. Allí, la defensora pública Gabriela Labat solicitó la suspensión de juicio a prueba para su asistida.
El pedido se fundamentó en la falta de antecedentes penales de la acusada, en la calificación legal atribuida y en la aplicación del fallo Acosta, un precedente dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita este tipo de resoluciones en casos similares.
La probation fue otorgada por el juez federal Alejandro Silva, integrante del Tribunal Oral Federal de Roca, quien resolvió que la imputada deberá cumplir durante un año una serie de pautas de conducta, entre ellas mantener domicilio estable, presentarse trimestralmente en la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y abstenerse del consumo de drogas y alcohol.
Además, como parte del acuerdo, la mujer deberá abonar una donación de 200 mil pesos destinada al hospital público de Bariloche. El monto será cancelado en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de 50 mil pesos cada una, en lugar de cumplir tareas comunitarias.
La resolución también establece que en caso de incumplir con alguna de las condiciones fijadas, el beneficio será revocado de inmediato y se reanudará el proceso penal en su contra, lo que podría derivar en una condena efectiva. El juez dejó en claro que se trata de una advertencia estricta.
El caso se enmarca en una política judicial que busca equilibrar la sanción de los delitos con medidas alternativas a la prisión en casos de bajo nivel de peligrosidad y sin antecedentes. No obstante, el fallo también reavivó el debate sobre la efectividad de la probation en delitos vinculados al narcotráfico.
