El intendente de Andacollo, Manuel San Martín, rompió el silencio sobre el fraude millonario que sacude al municipio durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.
Ante concejales, funcionarios y vecinos, el jefe comunal explicó que la denuncia presentada a fines de 2025 expone un perjuicio estimado en 128 millones de pesos para las arcas municipales y que involucra a dos funcionarios del área de servicios junto a comerciantes de la localidad.
San Martín señaló que había optado por mantener silencio hasta ahora para no entorpecer el avance de la investigación judicial que se encuentra en curso.
Pagos por trabajos que nunca se realizaron
Según detalló el intendente, una de las maniobras detectadas consistía en facturar horas de maquinaria que en realidad no se ejecutaban.
De acuerdo con la denuncia, los trabajos que figuraban como realizados por una empresa en realidad eran ejecutados por otra firma que desarrolla una obra importante en la región.
San Martín explicó que esa operatoria se realizaba con la complicidad de dos funcionarios municipales que, junto con un corralón local, habrían participado de la maniobra.
El mecanismo permitía justificar pagos del municipio por servicios que no se habían prestado, generando un importante perjuicio económico para la comuna.
El saqueo de la cantera municipal
Otro de los hechos denunciados por el intendente fue la extracción ilegal de material de la cantera municipal.
Según indicó, se retiraron 80 bateas de material, lo que equivale aproximadamente a 320 camionadas, que luego fueron vendidas a una empresa que ejecuta una obra de gas en el norte de la provincia.
San Martín calificó la situación como un saqueo de recursos municipales y sostuvo que esos materiales pertenecían al patrimonio público de la localidad.
Caños y combustible en la trama del fraude
La denuncia también incluye la sustracción de caños y combustible, que posteriormente habrían sido comercializados mediante maniobras fraudulentas.
En uno de los casos, caños que se encontraban en un predio municipal fueron vendidos nuevamente al municipio a través de un corralón local.
De acuerdo con fuentes judiciales, los peritajes confirmaron que las numeraciones de los caños coincidían con los materiales denunciados como sustraídos.
La investigación judicial
La causa es investigada por la fiscalía de Chos Malal, que imputó a cuatro personas por delitos de defraudación reiterada, peculado y asociación ilícita.
Además, la justicia solicitó un embargo de 130 millones de pesos sobre los bienes de los acusados.
Entre los imputados se encuentran los funcionarios municipales Eduardo Argentino Zenteno y Carlos Daniel Leiva, quienes actualmente perciben la mitad de sus salarios mientras avanza la investigación.
Más maniobras bajo análisis
Otra de las operatorias investigadas está vinculada con contravales de combustible otorgados por una estación de servicio de la zona.
Según la investigación, el municipio pagaba mediante cheques por montos superiores al consumo real. La diferencia generaba un saldo a favor que se entregaba en contravales de combustible.
Esos comprobantes eran recibidos por el chofer de un camión municipal que respondía jerárquicamente a uno de los funcionarios imputados.
La causa seguirá al menos cuatro meses más
Durante su discurso, el intendente informó que la fiscalía solicitó una prórroga de cuatro meses para continuar la investigación, pedido que fue aceptado por la justicia.
De esta manera, el proceso judicial se extenderá hasta el 27 de junio, período durante el cual se analizarán documentos, elementos secuestrados en allanamientos y otras pruebas.
San Martín pidió a la comunidad permitir que la justicia avance con el caso.
“Las pruebas son contundentes y están a disposición de la justicia. Dejemos que la justicia haga lo que tiene que hacer”, expresó el mandatario durante la sesión transmitida por Radio Minas.
