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Un fuerte operativo policial terminó con disturbios, forcejeos y al menos 22 detenidos este domingo en pleno centro de Neuquén, luego de que cuatro comunidades mapuches que reclamaban personerías jurídicas fueran desalojadas por orden judicial. El conflicto, que había comenzado el martes con una acampe frente a Casa de Gobierno, escaló en tensión tras el vencimiento de un plazo de retiro voluntario que había fijado el Ministerio Público Fiscal.
El procedimiento, que involucró a más de 120 efectivos, policías motorizados, ambulancias y bomberos, se activó pasadas las 11.30 cuando los manifestantes decidieron no abandonar el lugar. La policía desplegó un cerco de seguridad de 200 metros en torno a la Gobernación para evitar el tránsito y posibles incidentes mayores. Pero la intervención derivó en enfrentamientos: un comisario fue herido, un niño debió ser atendido en el hospital Castro Rendón y organizaciones mapuches denunciaron represión con golpes y detenciones violentas.
“Como era previsible, Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos”, expresó la Confederación Mapuche en un duro comunicado. A su vez, sostuvo que las comunidades “han esperado 290 días” por la firma de las personerías jurídicas que el gobierno se comprometió a gestionar en un acta firmada por el ministro Jorge Tobares en septiembre del año pasado.
El Ejecutivo, en tanto, defendió el accionar policial. Alegó que se intentó dialogar “hasta último momento” y que incluso se solicitó la mediación del obispo Fernando Croxatto el día sábado. “No hubo posibilidad por la posición intransigente de las comunidades”, indicaron. Además, anunciaron que presentarán una denuncia penal por ocupación indebida y alteración del orden público.
El reclamo de fondo está centrado en el reconocimiento legal de las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas, asentadas en Rincón de los Sauces, Tratayén (Añelo), Portezuelo y Picún Leufú, respectivamente. Sin personería jurídica, quedan excluidas de políticas públicas, relevamientos territoriales y de la aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada ante proyectos que afecten sus territorios.
La protesta se había instalado en la esquina de Rioja y Roca, epicentro neurálgico de la capital neuquina. El sábado, la provincia anticipó que judicializaría el caso si no se levantaba la ocupación. Al día siguiente, llegó el desalojo.
Organismos de derechos humanos y referentes sociales se solidarizaron con las comunidades, mientras que desde la Confederación Mapuche advirtieron que lo ocurrido “refleja una política de violencia institucional”. “No usar la ley para reprimir, sino para llevar justicia a una sociedad desigual”, reclamaron.
El conflicto deja en evidencia la frágil relación entre el gobierno provincial y los pueblos originarios, en un contexto donde la presión sobre los territorios en zonas de alto interés productivo como Vaca Muerta sigue siendo un punto de fricción cada vez más visible.
