Se trata del dueño de un lavadero de maquinaria petrolera que opera en el predio de una ex juguera de Centenario. En los primeros días de octubre, la empresa fue clausurada.
La fiscalía de Delitos Ambientales acusó este lunes a un empresario, dueño de un lavadero de maquinaria petrolera, por haber contaminado un canal de riego de Centenario. La jueza de Garantías avaló la imputación y el embargo de sus cuentas bancarias para cubrir los costos de la remediación ambiental.
El fiscal Maximiliano Breide Obeid imputó a F.D.O –el empresario en cuestión– por contaminar el ambiente “en forma peligrosa para la salud, mediante el vertido de agua con aceites e hidrocarburos provenientes del lavado de maquinaria relacionada a la industria petrolera, a un canal de desagüe de riego de Centenario”. Ello ocurrió entre enero y agosto de 2024, en el predio de una exjuguera ubicado en la zona rural de Centenario y en un terreno adyacente donde está la planta depuradora de la exjuguera.
La empresa del imputado es un lavadero de maquinaria relacionada con la actividad petrolera, que genera residuos peligrosos consistentes en agua con restos de aceite e hidrocarburos. Estos residuos “no fueron enviados a la planta de tratamiento como dispone la normativa provincial, sino que fueron vertidos en piletas de la planta depuradora de la ex juguera, las que a simple vista no cuentan con las condiciones de integridad que permitan contener estos residuos, impactando así el suelo como el agua del predio, poniendo en riesgo el curso hídrico subterráneo y siendo volcados sin tratamiento alguno a un canal de desagüe del sistema de riego de Centenario”, señaló.
De acuerdo con la investigación, esos residuos tienen que ir a lugar de tratamiento y disposición final y eso tiene un costo; el imputado lo que hizo fue ahorrarse ese costo”, precisó el fiscal jefe. El delito que le atribuyó fue contaminación dolosa en carácter de autor.
Como medida cautelar, Breide Obeid requirió el embargo cautelar de las cuentas bancarias del acusado por el plazo de cuatro meses, para afrontar la remediación ambiental y las eventuales costas del proceso, según los antecedentes establecidos por nuestro Tribunal Superior de Justicia.
La jueza de garantías, Carina Álvarez, avaló la formulación de cargos en los términos planteados por el fiscal, como también el embargo bancario solicitado.
