Dólar oficial $1.530 – Dólar Turista $1.989 – Dólar blue $1.540 – Dólar MEP $1.524,75 – Contado con Liqui $1.588,38 – Riesgo País 490 //
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El Gobierno nacional analiza avanzar este año con un proyecto de ley destinado a resolver uno de los principales problemas administrativos que arrastra la obra pública: los contratos que permanecen abiertos desde hace años pese a que las obras fueron paralizadas, quedaron inconclusas o incluso ya están terminadas, pero nunca obtuvieron su cierre formal.
La iniciativa fue presentada por el senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone, y cuenta con el respaldo de la bancada de La Libertad Avanza, entre ellos la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, y el senador Joaquín Benegas Lynch.
Según trascendió, la propuesta integra la agenda legislativa prioritaria del oficialismo para el segundo semestre y tendría el visto bueno de la Casa Rosada para comenzar su tratamiento en el Senado una vez que avance el debate sobre la reforma de la Ley de Biocombustibles.
Un régimen especial para cerrar contratos pendientes
El proyecto crea un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública con una vigencia de 24 meses.
La iniciativa propone que el Estado nacional y las empresas contratistas puedan acordar un cierre administrativo definitivo de las obras mediante el pago de una suma final determinada sobre parámetros técnicos objetivos.
A cambio, las empresas deberán renunciar a cualquier reclamo judicial o administrativo presente o futuro vinculado con esos contratos, mientras que el Estado también pondrá fin a eventuales acciones pendientes.
El objetivo es terminar con expedientes que permanecen abiertos desde hace décadas y que, según los impulsores de la iniciativa, impiden avanzar con nuevas inversiones y generan importantes costos administrativos.
Un problema que también afecta a Río Negro
Fullone, quien anteriormente se desempeñó como directivo de Vialidad Nacional en Río Negro, sostuvo que la situación se repite en todo el país y recordó que existen numerosas obras que nunca alcanzaron su recepción definitiva pese a haber sido ejecutadas parcial o totalmente.
Entre los casos mencionados aparecen varias rutas nacionales que atraviesan Río Negro, como las rutas 22, 23 y 151, cuyos trabajos comenzaron entre 2009 y 2021 y hoy continúan con distintos grados de paralización.
Según los fundamentos del proyecto, al menos 57 obras nacionales permanecen actualmente en estado de neutralización, afectando la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de distintas regiones.
Cómo funcionará el sistema
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de una “certificación de cierre”, mediante la cual el Estado reconocerá una suma única destinada a cubrir gastos vinculados con el mantenimiento de obradores, acopio de materiales y vigilancia durante el período de paralización.
Ese monto será determinado a partir de un informe técnico elaborado por la autoridad de aplicación, que deberá evaluar aspectos como el porcentaje de avance físico y financiero de cada obra, el tiempo transcurrido desde su paralización, las causas que motivaron la suspensión y la conveniencia de alcanzar un acuerdo.
Para las empresas también se prevé la liberación de garantías, la condonación de multas originadas durante la paralización y la posibilidad de cerrar los contratos sin sanciones en el Registro Nacional de Constructores, siempre que no existan responsabilidades por dolo o culpa grave.
Liberar proyectos para volver a licitarlos
Desde el oficialismo sostienen que el propósito final es sanear la situación administrativa de cientos de contratos que permanecen abiertos y permitir que aquellas obras que nunca fueron terminadas puedan ser nuevamente licitadas bajo condiciones actualizadas.
La iniciativa busca además reducir la litigiosidad entre el Estado y las empresas constructoras, evitando futuros reclamos que podrían representar importantes costos para las cuentas públicas y facilitando la reactivación de proyectos considerados estratégicos para distintas provincias.
