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Un proyecto de ley presentado en la provincia propone la creación de un sistema integral de denuncias de corrupción con el objetivo de garantizar canales seguros, gratuitos y confidenciales para que ciudadanos y agentes públicos puedan reportar irregularidades sin temor a represalias.
La iniciativa fue impulsada por los particulares Alfredo Cury y Juan Cardozo y contempla la implementación de una línea telefónica 0800 gratuita, además de herramientas digitales como formularios web, correo electrónico oficial y una aplicación móvil.
Según el texto, el sistema deberá funcionar las 24 horas y podrá utilizarse desde cualquier punto de la provincia. Durante el día, la atención será personalizada, mientras que por la noche se prevé un mecanismo automatizado de recepción de mensajes y grabaciones.
El proyecto también habilita la posibilidad de realizar denuncias de manera presencial en oficinas que determine la autoridad de aplicación o incluso mediante correo postal.
La propuesta apunta a centralizar denuncias vinculadas a delitos contra la administración pública contemplados en el Código Penal, entre ellos cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.
Además, incorpora la posibilidad de reportar irregularidades en contrataciones públicas, ejecución de obras, manejo de programas sociales, subsidios y situaciones relacionadas con incompatibilidades o violaciones a la ética pública.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la protección de la identidad del denunciante y la confidencialidad de la información aportada.
La iniciativa establece que la autoridad de aplicación tendrá un plazo máximo de 72 horas para analizar la admisibilidad de cada denuncia. En caso de considerar que existen elementos suficientes, deberá derivar la presentación a los organismos correspondientes, como el Ministerio Público Fiscal, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas o municipios.
En los fundamentos del proyecto, los autores sostienen que actualmente uno de los principales problemas para detectar hechos de corrupción es la falta de canales institucionales confiables y seguros.
“El temor a sufrir represalias o quedar expuesto desalienta muchas denuncias”, argumentaron, al defender la necesidad de generar mecanismos accesibles que faciliten la participación ciudadana y fortalezcan los controles sobre la administración pública.
