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En una breve intervención en A24, Marín explicó que como ejecutivo de la compañía su posición es limitada. “Burford hizo un juicio a YPF y al Estado Nacional. La jueza falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar”, se excusó. Sin embargo, sus palabras generaron sorpresa entre analistas y actores políticos, ya que se interpretaron como un intento de marcar distancia entre la empresa y la responsabilidad del Estado.
El impacto del fallo y la respuesta del Gobierno
La decisión de Preska activó alarmas en la Casa Rosada. La sentencia, que vuelve a poner en el centro de la escena la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, implica la posible pérdida de más de US$ 16.000 millones entre capital e intereses. Por eso, el Ejecutivo confirmó que apelará la resolución ante la Cámara de Apelaciones de EE.UU. para evitar que se concrete la transferencia de las acciones.
Javier Milei, fiel a su estilo, cargó duramente contra los exfuncionarios responsables de la estatización. “Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, sostuvo el presidente, ratificando la línea dura de su gobierno.
Inversiones en Vaca Muerta y la tensión interna
Mientras tanto, Marín buscó correr el foco hacia las inversiones estratégicas. Anunció que en los próximos días YPF espera cerrar acuerdos con capitales privados para financiar el Oleoducto Vaca Muerta Sur, un proyecto de US$ 3.000 millones considerado clave para la expansión de la producción no convencional. “Lo vamos a hacer y va a haber financiamiento”, enfatizó, intentando dar un mensaje de certidumbre en medio de la tensión legal.
El CEO de YPF también destacó la magnitud de la obra, que se presenta como una de las más importantes para la industria energética argentina de las últimas décadas. Sin embargo, la coyuntura judicial amenaza con complicar los planes de inversión, justo cuando el gobierno apuesta a convertir a Vaca Muerta en motor de crecimiento y exportaciones.
Más fondos de inversión reclaman acciones
Como si no bastara con la causa Burford, en las últimas horas se conoció que nuevos fondos de inversión buscan sumarse al reparto del 51% de las acciones de YPF que la jueza Preska ordenó transferir. Se trata de Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, que poseen sentencias favorables por la deuda soberana impaga desde el default de 2001.
El dato reaviva viejos fantasmas. Entre estos fondos figura Attestor Master Value, representado por Dennis Hranitzky, el mismo abogado que consiguió embargar la Fragata Libertad en 2012. Ahora, buscan ejecutar parte de esas sentencias con las acciones que quedaron bajo la lupa de la justicia de Nueva York, sumando presión al frente externo de la administración libertaria.
Una grieta política y jurídica sin cerrar
La reacción del oficialismo evidencia la complejidad de la herencia judicial que enfrenta Milei, pero también muestra la fractura interna en torno a la defensa de los activos estratégicos del país. Mientras el vocero presidencial Manuel Adorni calificó la sentencia de “jurídicamente inaplicable” por contradecir la Ley 26.741 y desconocer la inmunidad soberana, Marín optó por resguardar a la petrolera y poner en cuestión la responsabilidad del Estado.
Con la apelación en curso y nuevos actores reclamando su parte, el caso YPF se encamina a convertirse en un test de resistencia para la estrategia jurídica y política del gobierno nacional. En simultáneo, la petrolera más grande del país intenta sostener su agenda de inversiones para no perder competitividad en el mercado energético global.
