Una oficial subinspectora de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de San Martín de los Andes denunció a su jefa por humillaciones, gritos y malos tratos ante Asuntos Internos. La acusada ya había sido señalada por violencia de género y le retiraron el arma reglamentaria.
La presentación administrativa fue radicada el 2 de octubre y dejó al descubierto un conflicto interno que preocupa a personal policial y autoridades. La denunciante manifestó que el clima laboral se volvió “insostenible” desde la llegada de la actual comisaria, quien asumió en abril y desde entonces acumula quejas por maltrato hacia subordinadas.
Según el testimonio incorporado al expediente, la situación se arrastra desde hace meses, con hechos reiterados en presencia de personal policial y vecinos que acudían a la dependencia. La oficial aseguró no querer volver a trabajar en el lugar por temor a nuevas situaciones de hostigamiento.
Antecedentes de violencia y cuestionamientos a la continuidad en el cargo
La comisaria denunciada ya había sido objeto de una presentación por violencia de género realizada por su expareja, motivo por el cual se le retiró el arma reglamentaria. Juntas médicas determinaron en febrero de 2025 que no estaba apta para portación y, además, evaluaciones profesionales detectaron traumatización vicaria, condición incompatible con trabajar en unidades especializadas en violencia.
Efectivos consultados manifestaron preocupación por el hecho de que alguien con antecedentes y diagnóstico restrictivo continúe al frente de una dependencia destinada justamente a la atención de víctimas. Para muchos, la situación afecta la confianza institucional y expone a subordinadas que no cuentan con herramientas para enfrentar situaciones de maltrato.
A pesar de la gravedad del cuadro, la denunciante aclaró que no avanzará por vía penal o civil, pero sí pidió formalmente que la remuevan del lugar de trabajo. Su intención, remarcó, es no volver a trabajar bajo las órdenes de la actual jefa debido a los episodios vividos en los últimos meses.
Relatos de humillaciones, gritos y destrato en plena jornada laboral
En su declaración, la suboficial describió conductas que, según indicó, constituyeron humillaciones frente a personal subalterno y ciudadanos que se encontraban en la comisaría. Mencionó episodios donde la comisaria delegaba órdenes mediante gritos, destratos y gestos prepotentes, generando un clima laboral hostil que se extendió en el tiempo.
Uno de los hechos relatados ocurrió cuando la denunciante comía en la oficina de Oficiales. La jefa la increpó diciéndole que debía hacerlo en su casa y que tenía tareas pendientes, pese a que en ese momento no había luz para continuar trabajando. Incluso, según el testimonio, ignoró explicaciones vinculadas con los horarios de transporte que la obligaban a almorzar en el lugar.
Otro episodio se produjo el 25 de septiembre, cuando la suboficial realizaba una notificación a un detenido que insultaba al personal. Tras pedirle calma, la comisaria la increpó a los gritos frente al demorado, exigiéndole que acelerara el trámite y chasqueando los dedos de forma autoritaria, hechos que fueron incorporados con testigos al expediente administrativo.
Un caso que vuelve a poner en debate el rol institucional
La situación generó inquietud dentro de la fuerza, donde se cuestiona la permanencia de la comisaria al frente de una dependencia especializada en la atención de víctimas mientras afronta denuncias de violencia y diagnósticos restrictivos. Para sectores internos, el caso evidencia falencias de control y supervisión dentro de la estructura policial.
La dependencia cumplió recientemente 15 años en funciones y, según la denunciante, nunca había atravesado un clima laboral tan conflictivo. El malestar se profundizó tras conocerse que, además de las denuncias previas, no existe un protocolo claro para actuar cuando la jefatura se encuentra involucrada en casos de violencia laboral o de género.
Mientras avanza la investigación administrativa, el caso reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar mecanismos de control interno, garantizar ambientes laborales seguros y evitar que personas cuestionadas por su conducta ocupen cargos clave en áreas sensibles de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
