La crisis política que atraviesa el Gobierno nacional ya no se limita al caso de Manuel Adorni. A cuatro semanas del estallido, el conflicto se convirtió en un factor estructural que atraviesa al gabinete, condiciona la agenda legislativa y ahora también se proyecta sobre la Corte Suprema, en un escenario de creciente inestabilidad.
Lejos de cerrar el frente interno, el presidente Javier Milei optó por profundizar su estrategia: volvió a ratificar públicamente al jefe de Gabinete y lo mantuvo en el centro de la escena, pese al deterioro de su imagen y a las crecientes dudas dentro del propio oficialismo. La lógica se repite: respaldo político sin explicaciones públicas.
Adorni ya no ejerce de vocero en los hechos. Suspendió conferencias, limitó su exposición y delegó la defensa en un equipo de abogados tras la imputación formal en su contra. Sin embargo, el Gobierno insiste en sostenerlo.
En la Casa Rosada admiten en privado que el problema dejó de ser exclusivamente judicial. La dificultad central es política: las explicaciones sobre su patrimonio no terminan de cerrar y el caso se convirtió en un símbolo de desgaste.
La versión oficial sobre el origen de los fondos para la compra de su departamento —un préstamo de dos jubiladas por US$200.000— no logró disipar las sospechas. Tampoco ayudaron las inconsistencias en su relato sobre viajes, gastos y evolución patrimonial.
A eso se suma el argumento del entorno sobre los ingresos de su pareja, Betina Angeletti, como sostén económico, una explicación que tampoco fue respaldada con documentación pública.
El impacto del caso ya se siente en la dinámica de gobierno. Sin vocero activo y con un jefe de Gabinete cuestionado, la comunicación oficial quedó virtualmente paralizada. Los anuncios de gestión previstos fueron postergados y la agenda pública quedó absorbida por la crisis.
Las encuestas reflejan ese desgaste: distintos estudios ubican en niveles altos el rechazo a la continuidad de Adorni, mientras crece la percepción de falta de transparencia.
En paralelo, la situación económica no ofrece alivio. La inflación volvió a acelerarse en marzo, con estimaciones privadas por encima del 3%, y acumula varios meses sin perforar ese umbral. La caída del poder adquisitivo, tanto en el sector público como en el privado, profundiza el malestar social.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció demoras en la recuperación y pidió tiempo, en un contexto donde las reservas siguen bajo presión y los ingresos fiscales muestran señales de debilidad.
El dato más sensible es que la interna oficialista comenzó a impactar en el frente judicial. La causa contra Adorni avanza con rapidez en Comodoro Py, en contraste con otros expedientes de alto perfil, lo que alimenta sospechas dentro del Gobierno.
En ese marco, resurgen tensiones vinculadas a la fallida postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y los reacomodamientos dentro del poder judicial. En los tribunales interpretan la velocidad del expediente como parte de una disputa más amplia.
El escenario se complejiza aún más con la crisis interna en la Corte Suprema. Las diferencias entre los ministros escalaron en las últimas semanas y ya no se ocultan.
El proyecto impulsado por Carlos Rosenkrantz, con apoyo de Ricardo Lorenzetti, para limitar la discrecionalidad en la selección de jueces expuso una nueva mayoría interna y dejó aislado a Horacio Rosatti.
Detrás de la disputa aparecen tensiones por el control del Consejo de la Magistratura, la Escuela Judicial y el proceso de designación de magistrados. Incluso se analiza la posibilidad de adelantar la elección de autoridades del tribunal, lo que podría redefinir el equilibrio de poder.
El conflicto también salpica al Gobierno, especialmente tras la inclusión del pliego de Emilio Rosatti —hijo del presidente de la Corte— en la nómina de candidatos judiciales, una decisión que generó malestar en distintos sectores del tribunal.
En este contexto, el Congreso se prepara para reactivar su actividad y podría convertirse en una nueva caja de resonancia de la crisis. La oposición ya anticipa que buscará capitalizar el desgaste oficialista.
Al mismo tiempo, el Gobierno acelera el envío de una reforma política, con foco en la eliminación de las PASO y cambios en el sistema electoral. La jugada responde a una preocupación creciente: la fragilidad de los apoyos provinciales de cara al calendario electoral.
En el peronismo, en tanto, comenzaron a moverse ante la posibilidad de un adelantamiento electoral. La discusión interna sobre candidaturas y mecanismos de selección ya está en marcha.
El denominador común es la falta de resolución. La estrategia oficial parece apostar a que el paso del tiempo diluya el conflicto, pero los datos muestran lo contrario: la crisis se expande.
El caso Adorni dejó de ser un episodio aislado para transformarse en un eje ordenador de la política nacional. Impacta en la gestión, tensiona al sistema judicial y condiciona el escenario electoral.
Mientras tanto, el Gobierno repite movimientos, sostiene a su funcionario clave y evita dar explicaciones de fondo. Un esquema que, lejos de estabilizar la situación, profundiza la sensación de parálisis.
