La situación judicial de Gloria Ruiz se agrava con el correr de los días. La ex vicegobernadora destituida de Neuquén está a un paso de ser imputada formalmente por el Ministerio Público Fiscal, que prevé avanzar antes del inicio de la feria judicial con una formulación de cargos por una serie de maniobras que incluyen contratos irregulares, cobro de viáticos especiales y la adquisición de una camioneta de alta gama presuntamente financiada con fondos públicos.
La investigación se ramifica en múltiples frentes y ya involucra a su entorno más cercano, con su hermano Pablo Ruiz imputado por un millonario peculado durante su paso por el Complejo Cultural Casa de las Leyes. Según la fiscalía, utilizaba fondos estatales para generar intereses financieros en cuentas personales, por un monto que rondaría los 52 millones de pesos.
Uno de los puntos más sensibles del expediente se centra en un contrato directo firmado por Ruiz con una empresa de comunicación sin sede física ni registro operativo. El acuerdo se concretó justo antes de que asumiera como vicegobernadora, y motivó una serie de allanamientos en General Roca. La fiscalía sospecha que se trató de una maniobra armada para direccionar recursos públicos hacia un grupo privado afín.
Además del capítulo contractual, los investigadores detectaron resoluciones que permitieron a Ruiz percibir viáticos modificados fuera de los parámetros administrativos habituales. Se investiga si esas excepciones fueron diseñadas para beneficiarla personalmente.
Otro hecho clave es la compra de una Toyota SW4, autorizada en condiciones poco claras. El rodado fue protagonista de un accidente en la Ruta 7 en noviembre, cuando Ruiz se trasladaba a bordo del vehículo. Los fiscales consideran que la adquisición fue justificada con documentación a medida, sin sustento legal.
El historial de Ruiz como exintendenta de Plottier también forma parte del expediente. Se analiza el uso de fondos para la compra de terrenos y la construcción de una pileta, con sospechas de que algunos bienes estarían registrados a nombre de terceros pero bajo su control real. La Justicia aún procesa documentación secuestrada en allanamientos anteriores, pero ya hay elementos que vinculan esas operaciones con un esquema de desvío de recursos públicos.
La causa podría ampliarse aún más. En el radar judicial aparece el nombre de Luis Bertolini, exsecretario de Obras Públicas en la gestión municipal de Ruiz. Aunque no está formalmente imputado, los fiscales evalúan documentación que podría comprometerlo.
El juicio por la estafa en los planes sociales comenzará el 21 de julio. Para entonces, todo indica que Gloria Ruiz ya habrá sido imputada en otra causa que amenaza con sellar su caída política. El cerco judicial se estrecha y los tiempos se acortan.
