El Ministerio de Economía y la cartera de Salud se reunirán para analizar la situación financiera del PAMI en medio de reclamos de prestadores de todo el país por demoras en las transferencias. El sistema advierte sobre una deuda millonaria y riesgos de interrupciones en las prestaciones ante la llegada del invierno.
La situación financiera del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) volvió a instalarse en el centro de la agenda del Gobierno, en un contexto de creciente tensión con prestadores de salud de todo el país que reclaman la regularización de fondos y advierten sobre un sistema al límite.
En ese marco, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones, mantendrán una reunión para evaluar el estado de las prestaciones y el flujo de recursos hacia el sistema. El encuentro se da en paralelo a una serie de reuniones entre autoridades del organismo y cámaras prestadoras de distintas provincias, que exigen respuestas antes del inicio pleno del período invernal.
El foco del conflicto está puesto en el financiamiento de las prestaciones médicas para casi seis millones de afiliados, en un esquema donde el PAMI se nutre de aportes vinculados a la ANSES y de transferencias del Tesoro nacional. En el sector advierten que el retraso en la actualización de los fondos impacta directamente en la cadena de pagos y en la capacidad operativa de clínicas, sanatorios y laboratorios.
Según estimaciones del sector prestador, la deuda acumulada rondaría los 500.000 millones de pesos, en un escenario donde más de 5.000 establecimientos sanitarios se encuentran bajo presión financiera. Aunque no se anticipan cierres masivos inmediatos, las entidades advierten que podrían intensificarse las reprogramaciones de turnos y la reducción de prestaciones.
Desde el Gobierno, fuentes del área sanitaria reconocen que no se trata de un recorte formal sino de un retraso en la ejecución de fondos, en un contexto de restricción fiscal y caída de la recaudación. La política de equilibrio de cuentas impulsada por la administración de Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo tensiona la disponibilidad de recursos en distintas áreas del Estado.
En paralelo, el organismo también depende de la dinámica de transferencias provenientes de la seguridad social, mientras que el Tesoro cumple un rol de asistencia para sostener el funcionamiento operativo. En el sector sanitario advierten que la combinación de menor flujo de fondos y mayor demanda estacional podría profundizar las dificultades durante los próximos meses.
La administración del PAMI, encabezada por PAMI, mantiene reuniones con prestadores de todo el país que reclaman previsibilidad en los pagos. Las cámaras del sector señalan que la incertidumbre financiera ya está impactando en la programación de intervenciones y en la disponibilidad de servicios.
A la tensión económica se suma el debate por el régimen de emergencia sanitaria que rige desde la crisis de 2001 y que contempla beneficios fiscales para prestadores privados. Su continuidad o eventual modificación hacia fin de año aparece como otro factor de incertidumbre en un sistema que agrupa a unas 25.000 instituciones de salud en todo el país.
En este escenario, el Gobierno busca contener el frente sanitario sin alterar el esquema de ajuste fiscal, mientras crece la presión de un sector que advierte que la sostenibilidad del sistema prestacional depende de la regularización inmediata de los fondos.
