El fiscal Pablo Vignaroli señaló que la exintendenta de Plottier no logró justificar propiedades y operaciones millonarias. Una camioneta comprada a nombre de un familiar fallecido por un valor inflado es una de las claves del caso.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a la exintendenta de Plottier, Gloria Ruiz, avanza con nuevos indicios que comprometen su situación judicial. El fiscal Pablo Vignaroli afirmó que el descargo presentado por la exjefa comunal no logró esclarecer el origen de varios bienes incorporados durante su gestión.
Entre las observaciones más relevantes, Vignaroli remarcó que la justificación entregada por Ruiz se limitó a la compra de una camioneta Toyota Hilux, pero dejó sin explicar la adquisición de un terreno y la construcción de una pileta, que, según la fiscalía, estarían directamente vinculados a ella pese a figurar a nombre de terceros.
“Tenemos evidencia suficiente que vincula a Ruiz con ese terreno. Un testigo declaró que ella le pidió guardar documentación que incluía un boleto de compraventa”, explicó el fiscal en declaraciones radiales.
La operación de la camioneta también está bajo la lupa. Ruiz aseguró que la compra se financió con la venta de un vehículo de su suegra y un préstamo familiar. Pero la Fiscalía sostiene que se trató de una venta simulada, ya que el vehículo fue transferido a un familiar fallecido por 53 millones de pesos, cuando su valor real rondaba los 30 millones, de acuerdo con datos del registro automotor.
“Creemos que esa operación fue armada para justificar el ingreso de 23 millones de pesos más”, sostuvo Vignaroli, y agregó que no hay constancia de que la suegra haya recibido ese dinero ni existan pruebas que respalden la operación.
La causa atraviesa una instancia clave: el análisis de los descargos y pruebas recolectadas para determinar si corresponde avanzar hacia una acusación formal. En estos casos, la carga de la prueba recae sobre la persona investigada, quien debe acreditar la procedencia de los bienes que posee o controla, aún si están a nombre de terceros.
El caso se suma a una serie de investigaciones en la provincia que refuerzan la necesidad de mayor transparencia en la administración pública y de controles efectivos sobre el patrimonio de los funcionarios.
