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El gobernador Rolando Figueroa eligió un escenario simbólico para plantear un giro político de fondo: la Exposición Rural del Neuquén, en Junín de los Andes. Allí, frente a referentes del campo y autoridades provinciales, anticipó que presentará un proyecto de ley para ponerles fin a los loteos por excepción, una práctica que en los últimos años habilitó desarrollos inmobiliarios sobre tierras de alto valor productivo. El mensaje fue directo: la tierra bajo riego no puede seguir perdiéndose en manos de decisiones administrativas aisladas que terminan alterando el perfil económico de los valles.
En ese marco, el mandatario insistió en que la provincia busca acelerar un “cambio de paradigma” con foco en fortalecer actividades productivas y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. El anuncio sobre los loteos se integró a una batería más amplia de medidas, que incluyeron financiamiento, infraestructura, acciones ante la sequía, exenciones impositivas y herramientas legales para enfrentar conflictos por ocupaciones. El objetivo que se repitió en distintos pasajes fue consolidar un modelo de desarrollo que combine producción, ordenamiento territorial y presencia estatal en el interior neuquino.
Figueroa remarcó que el freno a los loteos por excepción no apunta únicamente a un debate urbanístico, sino a una definición estratégica sobre el futuro económico de Neuquén. En su discurso, sostuvo que la tierra productiva debe conservarse para producir, y que el Estado debe cuidar no solo las hectáreas bajo riego, sino también la infraestructura que las vuelve viables. El planteo incluyó un pedido de coordinación con los municipios, a quienes se les solicitó una línea de trabajo común para evitar que decisiones locales o excepciones puntuales terminen erosionando áreas que son clave para la actividad primaria y el entramado de valor agregado.
Un plan productivo con más fondos y nuevas prioridades de inversión
La presentación del proyecto para proteger el suelo bajo riego se vinculó con una decisión presupuestaria que busca mostrar respaldo concreto al sector. Figueroa afirmó que el presupuesto 2026 multiplicará por cuatro los fondos destinados a la producción, con una cifra superior a los 4.430 millones de pesos asignados a ese objetivo. A ese anuncio sumó la ejecución de recursos ya iniciada y una inyección adicional de fondos para áreas sensibles como infraestructura de riego, suplementación estratégica y remediaciones post incendios, en un contexto donde el clima y la disponibilidad de agua condicionan cada vez más la actividad.
Dentro de ese paquete, el gobernador señaló que se dispusieron 1.000 millones de pesos disponibles para mejorar el riego, apuntando a una de las demandas estructurales del interior neuquino. La apuesta a la producción no fue presentada como un gesto aislado, sino como parte de un modelo donde el Estado ordena prioridades y destina recursos a sostener la economía real, especialmente en zonas donde el acceso a infraestructura básica define la posibilidad de permanecer, producir y crecer sin depender de ciclos de emergencia.
La mirada de mediano plazo también se reflejó en el anuncio de un proyecto ejecutivo para el Corredor del Viento del Limay, con la intención de incorporar 50.000 hectáreas bajo riego. La propuesta apunta a ampliar la frontera productiva y diversificar oportunidades en torno a la disponibilidad de agua, pero también a fijar población y mejorar competitividad. En esa línea, el gobernador advirtió que no alcanza con crear nuevas áreas irrigadas si no se preserva lo ya existente, y que por eso la protección legal del suelo bajo riego se vuelve una pieza central de la planificación.
Figueroa buscó reforzar la idea de previsibilidad, una palabra que se repite en los discursos de gestión cuando se intenta contrastar con etapas de improvisación o de políticas fragmentadas. La combinación de financiamiento, obras y marco normativo aparece como una estrategia para que la producción no quede librada a decisiones aisladas o a la presión del mercado inmobiliario. El mensaje, en síntesis, fue que la provincia pretende intervenir antes de que el daño sea irreversible, y no después, cuando la pérdida de tierras productivas ya se transformó en una crisis.
Seguridad territorial, desalojos y un nuevo marco judicial para las usurpaciones
En un tramo especialmente sensible del discurso, Figueroa asoció la defensa de la producción con la necesidad de garantizar orden y seguridad territorial. “Cuidar el campo es cuidar Neuquén”, expresó al enumerar medidas de seguridad ya implementadas y al referirse a un cambio institucional que, según anticipó, tendrá impacto directo en conflictos por ocupaciones. El gobernador afirmó que el nuevo Código Procesal Civil entrará en vigencia el 1 de agosto y que permitirá acelerar definiciones en causas de usurpación, con plazos que podrían resolverse en menos de dos meses.
El mandatario planteó que la herramienta legal busca evitar que el tiempo judicial se transforme en una ventaja para quienes ocupan tierras de manera irregular. También señaló que los pedidos de desalojo podrán presentarse incluso durante ferias judiciales, un detalle que apunta a modificar la lógica de demoras prolongadas que, en muchos casos, consolidan hechos consumados. La referencia al tema no fue casual: en la agenda rural y en zonas productivas, la incertidumbre sobre la propiedad y el uso de la tierra suele ser uno de los factores que paraliza inversiones y profundiza conflictos sociales.
El anuncio se interpretó como parte de una narrativa que intenta mostrar un Estado más activo, con capacidad de intervenir en disputas que afectan tanto la producción como la convivencia. En un contexto donde la tensión por la tierra aparece en distintos puntos del país, la decisión de incorporar el tema a un acto rural muestra que la provincia busca dar señales claras al sector productivo y, al mismo tiempo, instalar un criterio de autoridad institucional que ordene el territorio.
El mensaje, sin embargo, también dejó entrever que la discusión no se limita a lo penal o lo policial, sino que involucra un entramado administrativo y judicial que muchas veces no acompaña la urgencia del campo. La promesa de resoluciones más rápidas apunta a reducir el margen de incertidumbre y a reforzar una idea de “reglas claras” para quienes producen y viven en zonas rurales. El gobernador buscó así conectar seguridad, justicia y producción en un mismo eje de gestión.
Créditos para mensura, alivio fiscal y un esquema de incentivos para el arraigo
Otro de los ejes destacados fue el intento de destrabar una dificultad histórica: la regularización dominial en el interior. Figueroa sostuvo que uno de los mayores obstáculos para ordenar la propiedad de la tierra es la falta de mensura, una situación que deja a muchas familias en una zona gris que complica herencias, inversiones, acceso a créditos y formalización de actividades. En respuesta, anunció una línea de créditos del IADEP, con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos y tasa subsidiada, destinada a facilitar el acceso a mensuras para pobladores rurales.
La medida se integró a una estrategia más amplia de arraigo, entendiendo que el campo no se sostiene solo con discursos sino con condiciones materiales para vivir y producir. El gobernador también mencionó la inversión en obras de agua y saneamiento, que ubicó en más de 200.000 millones de pesos, como parte de un plan que busca previsibilidad, salud pública y desarrollo. La referencia a la sequía y la declaración de emergencia agraria reforzó la idea de que la gestión intenta actuar en simultáneo sobre infraestructura estructural y respuestas ante contingencias climáticas.
En materia fiscal, Figueroa anunció la continuidad de la exención de Ingresos Brutos para la producción primaria en Neuquén, y sumó una exención del Impuesto Inmobiliario rural desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 para todos los campos de la provincia. La decisión fue presentada como una forma de aliviar costos en un sector que enfrenta incertidumbre climática, presión de costos y desafíos logísticos, especialmente en regiones alejadas de los centros urbanos.
Además, se destacó el rol del Banco Provincia del Neuquén en el esquema de incentivos, con préstamos por 2.000 millones de pesos para la cadena de valor a una tasa del 36%, y un beneficio adicional para quienes adopten buenas prácticas ganaderas, con tasa fija del 28%. En ese tramo, el gobernador intentó posicionar a Neuquén como una provincia con herramientas concretas para sostener la producción en un contexto nacional de restricciones, planteando que el financiamiento puede ser un factor decisivo para evitar retrocesos y promover inversiones.
Una agenda rural que combina producción, tecnología y condiciones de vida sustentables
El discurso cerró con un componente que apunta a modernizar la política rural desde una lógica de bienestar y sustentabilidad. Figueroa anunció la firma del decreto reglamentario de la ley conocida como Invierta Neuquén, con líneas de financiamiento blandas y con la producción agropecuaria entre las actividades promovidas. La idea fue reforzar que el Estado no solo acompaña con alivio fiscal, sino también con instrumentos para expandir la inversión y dinamizar la economía vinculada al campo y su cadena de valor.
En esa misma línea, se presentó una nueva herramienta denominada Hogar Rural Sustentable, orientada a mejorar la calidad de vida de las familias rurales y fortalecer el arraigo en todo el territorio. El anuncio incluyó la posibilidad de destinar créditos a sistemas de energía solar, conectividad satelital, núcleos húmedos adaptados al entorno rural, termotanques eléctricos, bombas eléctricas y sistemas de calefacción sustentables, incluyendo estufas de combustión a pellets. La propuesta intenta responder a un diagnóstico claro: sin infraestructura doméstica y servicios básicos, la vida rural se vuelve cada vez más difícil de sostener.
El conjunto de anuncios mostró una estrategia que busca unir producción y permanencia, entendiendo que el campo no es solo un lugar de trabajo, sino un espacio donde se construye comunidad. La combinación de riego, financiamiento, ordenamiento territorial y mejoras para el hogar rural apunta a evitar que el interior quede relegado frente a la expansión urbana o la concentración de oportunidades en la capital. El mensaje político fue que la provincia pretende mirar hacia adentro y fortalecer el federalismo interno con acciones concretas.
En ese marco, el proyecto para frenar los loteos por excepción funcionó como un símbolo de esa orientación: proteger lo productivo frente a la presión inmobiliaria y ordenar el uso del suelo como una política de Estado. La definición no solo apunta al presente, sino a la Neuquén que se quiere construir en los próximos años, con reglas claras, infraestructura sostenida y un modelo que preserve la tierra que alimenta, genera empleo y sostiene economías regionales.
