Dólar oficial $1.530 – Dólar Turista $1.995,50 – Dólar blue $1.545 – Dólar MEP $1.536,53 – Contado con Liqui $1.602,59 – Riesgo País 485//
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El Municipio de Fernández Oro avanzará con una nueva propuesta para disponer de 239 lotes accesibles, que estarán ubicados en diferentes sectores residenciales de la ciudad y tendrán un esquema de financiamiento con cuotas que no superarían los $300.000.
La iniciativa reemplaza el proyecto que contemplaba urbanizar 84 hectáreas sobre la Ruta 65 y que quedó en suspenso después de que el Concejo Deliberante estableciera restricciones al avance urbano sobre la Zona Rural Irrigada.
La nueva alternativa evita esas superficies y concentra los desarrollos al norte de la ciudad, por encima de la calle Primeros Pobladores, en tierras que ya tienen habilitado un destino residencial.
El Ejecutivo municipal convocó a los concejales para el 4 de septiembre, cuando comenzará el análisis de los sectores propuestos y de las condiciones que deberá establecer la futura ordenanza.
A diferencia de un loteo realizado exclusivamente sobre tierras municipales, el esquema contempla acuerdos entre el Municipio y propietarios privados de terrenos ubicados en áreas urbanizables.
La intención es desarrollar esas superficies en conjunto.
Según explicó el intendente Gustavo Amati, la distribución sería aproximadamente del 50% de los lotes para los propietarios de las tierras y el restante 50% para el Municipio.
Estos últimos serían incorporados al programa de lotes accesibles.
El objetivo es trabajar sobre terrenos rodeados por barrios o próximos a otros desarrollos, evitando avanzar sobre las tierras productivas alcanzadas por las nuevas restricciones.
El proyecto establece una distribución de los 239 terrenos en seis parcelas y propone utilizar la antigüedad de residencia en Fernández Oro como uno de los principales criterios de adjudicación.
La distribución prevista es:
El sistema permitiría además que quienes no resulten adjudicados dentro del grupo de mayor antigüedad puedan participar posteriormente de las siguientes instancias.
Los requisitos definitivos todavía deberán quedar establecidos en la ordenanza que analice el Concejo Deliberante.
La propuesta contempla además reservas específicas dentro del programa.
Como mínimo, un 5% de los terrenos estaría destinado a personas con discapacidad o familias que tengan entre sus integrantes una persona con discapacidad. La participación dentro de ese cupo no impediría intervenir también en los sorteos generales.
También se proyecta reservar cinco lotes para personal de seguridad, cinco para integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios y cinco para trabajadores municipales.
Otro requisito central será no contar previamente con una propiedad o terreno.
Para verificar esa condición se prevé la intervención de la comisión de loteos durante el período de impugnaciones. El mecanismo permitiría revisar casos denunciados y excluir del listado a quienes no cumplan con las condiciones establecidas.
El programa mantendrá parte del mecanismo financiero previsto en el proyecto anterior.
Según la propuesta presentada por el Ejecutivo, las cuotas tendrán un tope de $300.000 y el dinero recaudado será utilizado para avanzar con la urbanización de los terrenos.
El esquema contempla financiar de esa manera obras de agua, electricidad, alumbrado público y gas.
La intención es que los aportes de los propios adjudicatarios permitan acompañar progresivamente el desarrollo de los servicios necesarios para cada loteo.
También se analiza establecer un mecanismo para los casos de incumplimiento. Una de las condiciones propuestas determina que un adjudicatario que acumule 90 días de mora, equivalentes a tres cuotas impagas, podría perder el lote.
En ese supuesto se recurriría a un listado de suplentes para cubrir la vacante.
La primera iniciativa municipal era considerablemente más amplia. Contemplaba 84 hectáreas ubicadas sobre la Ruta 65, una etapa inicial de aproximadamente 250 lotes y una proyección que podía alcanzar los 1.500 terrenos.
El proyecto quedó frenado después de que el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad una ordenanza que declaró la emergencia de la Zona Rural Irrigada y estableció límites para nuevos desarrollos urbanos sobre esas tierras.
El Municipio suspendió entonces la audiencia pública prevista para aquella iniciativa y comenzó a buscar superficies que ya estuvieran habilitadas para urbanización.
La nueva propuesta reduce considerablemente la cantidad inicial proyectada y pasa de un potencial de hasta 1.500 lotes a un esquema inmediato de 239 terrenos.
El próximo paso será el tratamiento político y normativo. Si el Concejo Deliberante acompaña la iniciativa, deberá aprobarse una ordenanza que determine los requisitos de inscripción, el mecanismo de adjudicación, los acuerdos con los propietarios y las condiciones de financiamiento antes de que pueda abrirse el acceso al programa.
