El debate sobre el uso de teléfonos celulares en las cárceles volvió a ocupar el centro de la escena tras las fuertes críticas expresadas por familiares de víctimas de homicidios y hechos violentos. Madres, padres y hermanos de personas asesinadas cuestionaron que los condenados y procesados puedan acceder a dispositivos móviles mientras ellos continúan atravesando las consecuencias irreparables de los crímenes.
Las familias sostienen que el acceso a celulares dentro de los establecimientos penitenciarios facilita la continuidad de actividades delictivas, entre ellas estafas virtuales, amenazas y hostigamientos dirigidos incluso contra quienes reclaman justicia por sus seres queridos. Además, remarcan que los beneficios otorgados a los detenidos generan una profunda sensación de desigualdad.
Entre los casos mencionados aparece el de Lara Fernández, la adolescente asesinada durante un intento de robo en 2022 en Lomas de Zamora. Su madre, Laura Fernández, cuestionó que quienes participaron del crimen mantengan posibilidades de comunicación mientras su hija perdió la vida por el robo de un teléfono celular. También reclamó la instalación de inhibidores de señal para impedir el uso clandestino de dispositivos.
Dolor y reclamos que atraviesan distintos casos
Las críticas se repiten en distintos puntos del país. María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera, sostuvo que mientras los detenidos mantienen contacto cotidiano con sus familiares, las víctimas y sus allegados enfrentan una ausencia permanente. Según afirmó, la utilización de celulares dentro de las cárceles se convirtió en una preocupación creciente por la posibilidad de que sean empleados para cometer nuevos delitos.
Paola Eiroa, madre de Ezequiel Altamira, asesinado a los 16 años, expresó que resulta ofensivo observar que los acusados continúan accediendo a beneficios mientras las familias atraviesan un duelo que no termina. En la misma línea se manifestó Victoria Cruz, hermana del cirujano Juan Carlos Cruz, asesinado en Morón, quien cuestionó publicaciones realizadas desde centros de detención por jóvenes involucrados en hechos delictivos.
Los testimonios reflejan una sensación compartida: la percepción de que el sistema prioriza los derechos de los condenados mientras deja en segundo plano las necesidades de quienes sufrieron las consecuencias de los delitos.
Amenazas y hostigamiento desde las cárceles
Uno de los relatos más duros es el de Francisco Di Luciano, padre de Gianfranco Di Luciano, asesinado en 2024 en San Justo. Según denunció, el condenado por el crimen habría mantenido actividad en redes sociales desde prisión y personas vinculadas a su entorno realizaron publicaciones intimidatorias y amenazas dirigidas a la familia.
El hombre aseguró haber realizado múltiples denuncias ante organismos judiciales y penitenciarios, aunque afirmó que las respuestas fueron insuficientes. Situaciones similares son señaladas por otros familiares, quienes sostienen que la comunicación digital desde las cárceles facilita conductas de amedrentamiento y revictimización.
Para muchas de las familias consultadas, el problema no se limita al acceso a la tecnología, sino a la falta de controles eficaces sobre el uso que se realiza de esos dispositivos dentro de los establecimientos penitenciarios.
Un debate que vuelve a instalarse
El reclamo por la restricción de celulares en cárceles se convirtió en una demanda recurrente de organizaciones y familiares de víctimas. Los planteos incluyen la colocación de inhibidores de señal, mayores controles penitenciarios y mecanismos que impidan la comisión de delitos desde el interior de los penales.
Mientras la discusión continúa en distintos ámbitos políticos y judiciales, las familias insisten en que la prioridad debe estar puesta en garantizar justicia y evitar que quienes cumplen condenas puedan utilizar herramientas tecnológicas para continuar delinquiendo o ejercer presión sobre las víctimas.
La polémica vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible sobre el equilibrio entre los derechos de las personas privadas de libertad, la seguridad pública y la protección de quienes continúan reclamando justicia por la pérdida de sus seres queridos.
