Dólar oficial $1.380 – Dólar Turista 1.794 – Dólar blue $1.415 – Dólar MEP $1.403,56 – Contado con Liqui $1.451,30 – Riesgo País 516
La disputa judicial por la expropiación de YPF entra en una jornada decisiva. Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deberá definir si mantiene la medida que suspendió la orden de entregar el 51 % de las acciones de la petrolera al grupo de fondos que demandó al Estado argentino. La decisión podría ratificar la protección, levantarla o imponer otro tipo de garantía económica.
El caso se remonta a fines de junio, cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dispuso la entrega de las acciones como forma de pago de la indemnización de USD 16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park. El fallo de primera instancia ya había sido favorable a los demandantes, que reclamaron que el gobierno argentino incumplió el estatuto de la compañía al no lanzar una oferta pública de adquisición en 2012, cuando expropió la mayoría accionaria.
En Estados Unidos, la apelación de una sentencia no suspende automáticamente su cumplimiento. Sin embargo, Argentina consiguió una suspensión administrativa temporal, que es la que ahora se encuentra bajo revisión. Actualmente, el país sostiene dos apelaciones: una contra la indemnización, cuya audiencia está fijada para la semana del 27 de octubre, y otra contra la orden de entregar las acciones, cuyos argumentos deberá presentar el 25 de septiembre.
La jueza Preska señaló que, desde que se apeló el fallo original en octubre de 2023, Argentina no depositó garantías para evitar embargos, a pesar del tiempo transcurrido. Expertos advierten que, si la suspensión se levanta y el país no cumple con la orden, el mayor impacto sería reputacional, especialmente en momentos en que el gobierno busca volver a los mercados internacionales de deuda.
Además, la Ley 26.741 —que habilitó la expropiación— prohíbe transferir las acciones de YPF sin autorización del Congreso. Este requisito abre la puerta a un escenario político complejo si la justicia estadounidense exige su entrega inmediata.
El fallo de la Cámara podría marcar un punto de inflexión en un litigio que ya lleva más de una década y que combina aristas judiciales, económicas y políticas, con implicancias sobre el patrimonio estatal y la estrategia internacional de financiamiento del país.
