La Sala Penal declaró inconstitucional el artículo que ordenaba el sobreseimiento por plazos vencidos. La decisión podría desactivar el pedido de juicio político contra la fiscal Rocío Rivero.
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén resolvió un caso que venía generando tensión institucional: confirmó la condena a 6 años y 8 meses de prisión para un hombre acusado de abuso sexual, conocido por el apellido Cortez, y al hacerlo, desestimó un artículo del Código Procesal Penal que preveía el sobreseimiento de imputados cuando los procesos superaban los tres años sin sentencia firme.
La decisión de la Sala Penal, que lleva las firmas de los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Evaldo Moya, representa un fuerte respaldo para la fiscal Rocío Rivero, titular del caso, cuyo trabajo estaba bajo cuestionamiento por la demora en la tramitación del expediente. El fallo marca también un nuevo antecedente en el debate sobre los límites temporales del proceso penal.
Una resolución que cambia el escenario judicial
El fallo fue emitido este viernes, mucho antes de la fecha prevista del 1 de agosto, y podría derribar el pedido de jurado de enjuiciamiento que había sido impulsado contra la fiscal Rivero por el abogado defensor Fabián Flores. La denuncia se centraba precisamente en el desempeño de la fiscal en la causa Cortez, señalando que por su accionar se habían vencido los plazos legales sin sentencia.
La Sala no explica en detalle las causas de la demora, pero en su voto, el vocal Moya menciona la existencia de “mala fe procesal” por parte de la defensa, lo que sugiere que el retardo podría haber sido, al menos en parte, deliberado. Por su parte, la fiscal había atribuido los retrasos a fallas de la Oficina Judicial. La responsable de esa área, Gabriela Villalobos, entregó un descargo extenso en el que enumeró ausencias de la fiscalía y pedidos de reprogramación.
El voto de Elosu Larumbe no alude directamente al rol de la fiscalía, pero sí destaca la “actividad positiva” de la Oficina Judicial, evitando cargar responsabilidades directas.
La trayectoria de la fiscal y el respaldo institucional
Durante la evaluación del caso, el fiscal jefe Pablo Vignaroli defendió enérgicamente a Rivero. Destacó que es la segunda fiscal con mayor cantidad de juicios realizados en toda la provincia, con 23 procesos durante el año pasado y 19 condenas obtenidas. “Es posible que se escape algo, pero existen los remedios para que esto no suceda”, afirmó Vignaroli.
La resolución del TSJ no sólo evita que se caiga una condena por abuso sexual, sino que, al validar el accionar de la fiscalía, también actúa como un contrapeso frente a intentos de responsabilización individual que podrían haberse traducido en sanciones injustificadas contra funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
Precedentes y tensiones internas en la Justicia neuquina
El voto de Elosu Larumbe se apoya en fallos previos de la Corte Suprema, como los casos “Price” y “Seccional Cuarta”, así como en precedentes del propio TSJ: “Estarli”, “Parra”, “Hernández” y “Olave”. En todos ellos se declaró la inconstitucionalidad de disposiciones del Código Procesal que favorecían a imputados con sobreseimientos automáticos al cumplirse ciertos plazos procesales.
Pese a ello, un sector del Tribunal de Impugnación, encabezado por el juez Richard Trincheri, sostiene que esos precedentes no son obligatorios, lo que ha generado fuertes roces con el TSJ. Este nuevo fallo vuelve a sentar posición en esa disputa interna y reafirma la supremacía de la doctrina del máximo tribunal provincial.
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