Según indicó, esas variaciones “no son suficientes para arribar a una conclusión negativa” y podrían explicarse por su estado de salud o la posición al firmar.
La defensa, encabezada por el abogado e imputado Alfredo Cury, sostiene que la rúbrica fue falsificada mientras Soiza estaba enfermo. En cambio, la fiscalía, a cargo de Pablo Vignaroli y Juan Narváez, afirma que los legajos eran llevados a la clínica para que el exfuncionario los firmara.
Otro testigo de la jornada fue el perito informático Gustavo Rosati, quien analizó correos y planillas de Excel secuestradas en la Dirección de Planes Sociales. Su declaración quedó en entredicho cuando reconoció no tener formación académica completa, haber hecho solo un breve curso en la Policía y que esta es su primera participación en un juicio oral, pese a haber trabajado un año y medio en la causa.
La fiscalía intentó protegerlo ante los cuestionamientos de las defensas, que apuntaron a la falta de precisión y al hecho de que incluyera en sus informes a legisladores como Osvaldo Llancafilo y Claudio Domínguez, sin que fueran investigados.
El juicio, que involucra a 14 imputados, avanza con testimonios clave para determinar si existió falsificación documental y cómo se manejaron los fondos de planes sociales en la provincia.
