Cuatro exintegrantes de la Dirección de Planes Sociales de Neuquén se convierten en testigos clave en el juicio por la estafa millonaria. A cambio de colaborar, fueron desvinculados de los cargos y apuntarán a los principales responsables.
En el marco de la investigación por la estafa millonaria en la Dirección de Planes Sociales de Neuquén, cuatro personas que inicialmente fueron imputadas por participar en la asociación ilícita que orquestó el fraude, ahora se presentarán como testigos en el juicio oral contra sus exjefes. Tres mujeres y un hombre, quienes desempeñaban funciones en niveles inferiores de la organización, declararán en los próximos días.
El fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, anticipó que estos testigos revelarán en detalle cómo se orquestó el fraude, describirán el papel de los presuntos cabecillas de la trama y apuntarán a las órdenes impartidas por estos, entre ellos Ricardo Soiza, Pablo Sánz y Marcos Osuna, quienes ocupan posiciones clave dentro de la acusación.
Los testimonios clave de los “arrepentidos”
Los cuatro testigos son Analía Scherer, Paola Ceballos, Lucía Soto y Cristian Vergara. Aunque en la provincia no existe una figura legal de “arrepentido”, la prensa se ha referido a ellos de esta manera, dado su rol crucial en la investigación. En noviembre de 2022, fueron imputados junto con otros 12 individuos, pero fue en julio de 2023 cuando decidieron desvincularse del grupo y colaborar con la justicia.
Según la fiscalía, su aporte fue fundamental para ampliar la acusación y obtener nuevas pruebas. A raíz de sus declaraciones, se solicitó la prisión preventiva de los presuntos cabecillas y se ampliaron los cargos por asociación ilícita a un grupo de 14 personas, incluyendo a un abogado involucrado.
El cambio en la estrategia legal
En un giro importante, la acusación contra los cuatro testigos fue retirada en septiembre de 2024. La fiscalía, encabezada por Narváez y su equipo, optó por convertirlos en testigos debido a su rol marginal en el delito, su vulnerabilidad al estar sometidos a presiones y la conveniencia estratégica de que aporten su testimonio en lugar de mantenerlos como imputados.
El cambio de estatus tiene implicaciones legales significativas. Los testigos están obligados por ley a declarar bajo juramento de decir la verdad, lo que garantiza que sus testimonios no sean filtrados ni manipulados, a diferencia de los imputados, quienes pueden negarse a declarar si lo desean.
Tensión con las defensas
Sin embargo, no todo es sencillo. En el juicio, se anticipan conflictos con los defensores de los acusados. Por ejemplo, uno de los testigos podría declarar que una persona cercana a Soiza, Carlos Bizai, le llevaba documentos a firmar al presunto cabecilla. La defensa de Soiza ha impugnado este testimonio, señalando que Bizai no debería haber estado involucrado en esos actos mientras Soiza estaba internado.
El fiscal Narváez también advirtió sobre otros testigos que podrían ser solicitados por la defensa, pero cuya participación podría complicarse debido a su vinculación con otros casos derivados de la investigación, como el de Planes Sociales II. En este sentido, Luciano Palma, actual síndico de CALF y vinculado al exministro Mariano Gaido, podría enfrentar obstáculos en su citación, ya que aún está bajo investigación.
A medida que el juicio avanza, se espera que más personas que participaron en la maniobra delictiva se presenten como testigos, lo que podría arrojar más detalles sobre cómo se llevaron a cabo las transacciones fraudulentas que afectaron a miles de beneficiarios de planes sociales en la provincia.
