En la audiencia número trece del juicio por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén, dos testigos de la Policía provincial aportaron nuevos elementos que complican a los principales imputados. Durante los allanamientos realizados en 2023 en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, se secuestraron recibos de cheques que, en lugar de estar a nombre de beneficiarios, estaban dirigidos a empleados del propio ministerio.
El comisario Gerardo Sanzana, subjefe de la División de Delitos Económicos, detalló que el procedimiento del 7 de septiembre de ese año en la Dirección de Planes Sociales permitió incautar no sólo dispositivos electrónicos y el servidor del sistema Admix, donde se almacenaban los listados de beneficiarios, sino también documentación en papel que evidenciaría las maniobras irregulares.
Entre las pruebas más comprometedoras se encuentra una hoja que consigna la entrega de cheques de la cuenta del ministerio para ser retirados por Pablo Sanz, entonces director de Fiscalización y hoy uno de los principales acusados. Además, se halló un expediente con recibos de subsidios por desocupación emitidos a nombre de empleados públicos como Valeria Honorio, Marcos Osuna, Isabel Montoya y el propio Sanz. Los montos de los cheques oscilaban entre los 48 mil y los 49.500 pesos.
Las preguntas de la fiscalía apuntaron a esclarecer por qué algunos recibos no figuraban en el expediente y si habían sido retenidos por Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, otro de los imputados. En su defensa, Soiza negó que se tratara de fondos indebidos y sostuvo que el dinero secuestrado en su poder estaba destinado al pago de sueldos del personal ministerial.
Uno de los hallazgos más llamativos ocurrió en el restaurante “El Faraón”, propiedad de Soiza, que según otros testimonios funcionaba como una oficina paralela. Allí se incautó una caja fuerte que contenía un pasaporte uruguayo, dinero en efectivo, pesos chilenos y otros documentos. El acusado negó que en ese local se desarrollaran actividades vinculadas a la estructura del Estado y explicó que los mástiles con banderas y el mobiliario hallado eran “regalos” de un funcionario provincial cuyo nombre no reveló.
El juicio continúa con la presentación de nuevas pruebas, incluidas escuchas telefónicas, y más de una decena de líneas de investigación abiertas.
