La causa por la estafa con planes sociales en Neuquén entra este miércoles en su etapa definitoria: Fiscalía y querella expondrán los pedidos de pena contra las 12 personas condenadas por administración fraudulenta agravada. Se esperan planteos de prisión efectiva y reclamos de reparación económica.
El tribunal conformado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla escuchará los alegatos de imposición de pena, luego del fallo de septiembre que declaró culpables a funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez. La maniobra, según determinó la sentencia, funcionó entre septiembre de 2020 y julio de 2022 mediante la apropiación de subsidios destinados a personas en situación de desempleo.
Los primeros en alegar serán el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon. Ambos anticiparon desde el inicio del proceso que solicitarán penas de prisión efectiva. Hoy deberán justificar agravantes y atenuantes en cada caso, además de insistir en el decomiso de bienes y en una reparación económica por el perjuicio ocasionado al Estado provincial.
Los roles atribuidos y el funcionamiento del esquema fraudulento
El fallo determinó que la maniobra fue “sistemática y organizada”, ejecutada por personal de planta permanente con amplia trayectoria, varios de ellos designados como funcionarios públicos. El tribunal concluyó que estas personas aprovecharon su posición para apropiarse de fondos destinados a población vulnerable, configurando un grave daño económico y una violación directa a los deberes de funcionario.
Siete de los condenados fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta agravada: Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración; Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Laura Reznik, exdirectora de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería; y Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización.
Los otros cinco imputados —Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury— fueron declarados partícipes primarios. Para este último, ya se rechazó un pedido de probation debido a que obtuvo ese beneficio en 2019, lo que impide una nueva concesión.
Estrategia de las defensas y tiempos procesales del tribunal
Tras la exposición de los acusadores, llegará el turno de las siete defensas, que buscarán penas mínimas dentro de la escala que va de dos a seis años de prisión. Podrán solicitar condenas condicionales o alternativas, argumentando la falta de antecedentes, el impacto económico del sumario administrativo y la suspensión de sus salarios desde 2023, situación que —según señalarán— agravó las consecuencias personales y familiares del proceso.
Los abogados insistirán también en que la calificación penal no contempla asociación ilícita, ya que el tribunal descartó esa figura en su veredicto. Ese punto será utilizado para reforzar el pedido de penas reducidas y evitar el cumplimiento efectivo de prisión.
El tribunal tiene un plazo de cinco días hábiles para dictar sentencia una vez concluidos los alegatos. Recién después, las partes podrán apelar ante el Tribunal de Impugnación y, eventualmente, ante el Tribunal Superior de Justicia. La definición será clave para establecer si los condenados enfrentarán penas de cumplimiento efectivo o si accederán a modalidades alternativas previstas por la ley.
Consecuencias administrativas y procesos paralelos aún abiertos
En paralelo al proceso penal, continúa el sumario administrativo iniciado por el gobierno provincial. La sanción más severa que podrían enfrentar es la exoneración —la expulsión definitiva del Estado—, aunque también se analizan sanciones menores según los niveles de responsabilidad y el avance de las investigaciones internas.
A su vez, existen trámites activos en el fuero procesal administrativo y en la justicia civil para evaluar recuperos económicos y determinar si corresponde avanzar con demandas patrimoniales contra quienes participaron en la maniobra. Estos procesos se resolverán de manera independiente al expediente penal, aunque podrían ampliarse en función del veredicto final del tribunal.
La audiencia de este miércoles marcará un punto decisivo en una causa que dejó al descubierto fallas estructurales en los mecanismos de control estatal y un esquema delictivo interno que operó durante casi dos años aprovechando fondos destinados a los sectores más vulnerables de la provincia.
