La megacausa se aproxima a la etapa de definiciones, y podría haber acuerdo con algunos de los imputados.
La oferta llegó a los correos electrónicos de las y los abogados defensores de los imputados por la estafa con planes sociales en Neuquén con fecha de vencimiento: 30 de abril. El remitente fue la fiscalía de Delitos Económicos, donde le están dando los último retoques a la acusación final y pedido de elevación a juicio de esta etapa de la megacausa.
«Consideramos que las pruebas que hemos reunido son contundentes para una declaración de culpabilidad. Por eso estamos ofreciendo juicios abreviados a todos los imputados, con penas que van desde los 8 años de cumplimiento efectivo hasta los 3 años en suspenso», dijeron a diario RÍO NEGRO el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez.
Los 4A, los arrepentidos que permitieron las prisiones preventivas de tres de los imputados, serán sobreseídos y podrán declarar como testigos para reforzar la acusación.
Los fiscales indicaron que «nuestra intención es hacer el juicio» pero estiman que para algunos acusados resultará más atractivo declararse culpables y aceptar una condena en vez de atravesar las audiencias con testigos, peritos, etcétera. De eso se trata el abreviado.
Este medio consultó a varios de los abogados defensores. La mayoría expresó que rechazará el ofrecimiento; sin embargo la negociación está abierta y quedan diez días para seguir conversando.
La investigación se mantuvo en una meseta sigilosa durante los últimos meses. El trabajo puertas adentro fue técnico y de decisiones de política criminal. Entre ellas, la elaboración de la proposición que llegó a las casillas de abogados y abogadas. Hay que aclarar que es un procedimiento bastante habitual, aunque no siempre se plasme por escrito. Sucede que en esta compleja investigación ya hubo un entredicho entre la fiscalía y uno de los defensores respecto de la promesa (verbal) de prisión domiciliaria para uno de los imputados.
Un elemento insoslayable es el discurso del gobernador Rolando Figueroa ante la Legislatura el 1 de marzo. «Voy a pedirlo una vez más, y otra vez, hasta que se cumpla: el pueblo neuquino quiere saber quién se robó el dinero de los más necesitados mediante las estafas de los planes sociales, y los queremos a todos presos, presos», dijo. Por eso a la mayoría de los imputados se les ofreció un acuerdo con prisión efectiva.
La fiscalía segmentó en cinco niveles a los imputados, de acuerdo con el grado de participación que les atribuye. En la cabeza están los líderes a quienes acusa de «asociación ilícita, en carácter de jefes, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real, en carácter de coautores». Estas son las propuestas que les hicieron:
• Ex director de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza: 8 años de prisión efectiva (está con preventiva desde el 10 de julio del año pasado).
• Ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz: 6 años de prisión efectiva (está con domiciliaria desde el 18 de noviembre).
• Ex director de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna: 7 años de prisión efectiva (está con preventiva desde el 10 de julio del año pasado).
• Ex ministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca: 6 años de prisión efectiva (está en libertad).
• Ex coordinador Provincial, Tomás Siegenthaler: 5 años de prisión efectiva (está en libertad).
Para que el acuerdo se cumpla, cada imputado debe aceptar su responsabilidad en el delito que le atribuyen y la pena que le imponen. Con un adicional: reparación económica al Estado, por el perjuicio económico que le provocaron. La discusión será si les rematan los bienes que ahora están embargados, algunos de los cuales fueron adquiridos antes de que se cometiera la estafa.
¿Por qué a Soiza lo condenarían a más años de prisión que a Di Luca, habiendo sido él director, y el otro ministro, es decir su superior jerárquico?
«Soiza pergeñó todo. Junto con Sánz y Osuna son los que tuvieron mayor actividad para la concreción de la maniobra», dicen los fiscales. (A Sánz le ofrecen una pena levemente más baja que a Osuna porque colaboró como una especie de arrepentido).
Di Luca y a Soiza seguirían sujetos a futuras investigaciones. La estafa comenzó mucho antes del período que irá a juicio (septiembre del 2020 a julio del 2022) y ambos trabajaron en el ministerio bajo otras autoridades. Hasta dónde llegarán los demás legajos es arriesgado predecirlo.
Fuente Diario Diario Río Negro (nota completa https://www.rionegro.com.ar/politica/estafa-con-planes-sociales-en-neuquen-la-oferta-de-la-fiscalia-a-todos-los-imputados-3533279/) (POR GUILLERMO BERTO)
