Un episodio sin precedentes recientes sacudió este jueves los tribunales de Neuquén: el fiscal jefe Pablo Vignaroli abandonó a los gritos una audiencia clave del caso Planes Sociales tras acusar al juez Marco Lúpica Cristo de inclinar la balanza a favor de la defensa. El magistrado lo intimó formalmente, lo esperó sin éxito durante 40 minutos y advirtió que su conducta podría constituir causal de mal desempeño. El incidente abre un nuevo frente en un proceso ya cargado de tensión y suma incertidumbre al juicio de cesura previsto para el 25 de noviembre.
La jornada era la continuación de una audiencia realizada la semana pasada, destinada a discutir las pruebas que se utilizarán para determinar las penas que recibirán los 11 condenados por administración fraudulenta. La fiscalía había ofrecido 33 testigos y 20 pruebas documentales, que fueron objetadas por las defensas, y se convocó al encuentro para realizar las aclaraciones solicitadas. La relación entre las partes ya mostraba signos de desgaste cuando el juez advirtió un clima de “guerra de egos”.
El quiebre: una réplica denegada, gritos y una salida abrupta
El quiebre ocurrió cuando, tras las exposiciones de las defensoras públicas Carolina Johansen y Laura Giuliani, y del abogado Pablo Gutiérrez, Vignaroli intentó replicar los argumentos. Lúpica Cristo le negó la palabra con el argumento de que su turno ya había pasado. “Usted no tiene que dar argumentos a media máquina”, le señaló, en un comentario que irritó visiblemente al fiscal jefe, quien respondió acusando al juez de violar el principio de contradictorio y afectar “seriamente” el derecho de la acusación.
Minutos después, Vignaroli apagó su notebook, guardó sus pertenencias y se retiró de la sala entre gritos: “No puedo tolerar cómo inclina la balanza a favor de la defensa. Esta audiencia es desastrosa”. El juez, lejos de intentar calmar la situación, lo invitó a irse: “Váyase, doctor”. Detrás lo siguió Gustavo Kohon, representante de la fiscalía de Estado.
Reprimenda del juez y apertura de un procedimiento disciplinario
Tras la salida, el magistrado decretó un cuarto intermedio hasta las 12:30. A la reanudación regresaron todas las partes, excepto Vignaroli. Lúpica Cristo esperó 40 minutos antes de anunciar que su ausencia sería considerada una falta grave: “Su presencia es una obligación inexcusable. Nunca había visto algo así”. Señaló que el retiro abrupto, los gritos desde la puerta y el posible intento de frustrar la audiencia constituían una conducta pasible de sanción. Ordenó intimarlo para presentar un descargo en 48 horas y pidió informes sobre antecedentes disciplinarios.
El juez también dejó asentado que el episodio podría afectar el desarrollo del juicio de cesura, ya demorado, y remarcó que él mismo también merece respeto dentro de la sala. La tensión entre ambas partes quedó expuesta como parte de un conflicto más profundo que excede un simple desacuerdo procesal.
La respuesta del fiscal jefe: admite exceso, pero sostiene sus críticas
Consultado por RÍO NEGRO, Vignaroli reconoció que su reacción “no fueron las formas”, pero afirmó que mantiene la convicción de que el juez actuó con favoritismo hacia la defensa. Sostuvo que Lúpica Cristo “cambió la dinámica de la audiencia” y no respetó el principio de contradictorio, lo que —según su visión— quedó reflejado en la resolución tomada sobre las pruebas.
El fiscal agregó que la decisión del juez le parece “nula” y adelantó que recurrirá al Tribunal de Impugnación. Señaló además que prefirió no recusar al magistrado porque “era mejor que la audiencia tuviera ese resultado”, insinuando que Lúpica Cristo ya había tomado una postura definida.
Un caso sensible que ahora suma un conflicto institucional
El proceso por la estafa en los Planes Sociales ya arrastra años de tensión judicial y política. Ahora, el enfrentamiento entre el fiscal más antiguo de Neuquén y uno de los jueces más jóvenes abre un capítulo inesperado que podría derivar en sanciones, retrasos y una revisión del tratamiento de las pruebas. En un juicio donde se discuten penas de prisión para 11 imputados, este choque de poderes añade una nueva complejidad a un expediente que ya tenía suficiente carga explosiva por sí solo.
