Dos familias del barrio General San Martín de Cutral Co denunciaron haber sido víctimas de violentos allanamientos erróneos por parte de la Policía Federal, en el marco de un operativo antidrogas realizado el viernes pasado. Los procedimientos, ordenados por la Fiscalía local, apuntaban a desbaratar una banda dedicada al comercio de estupefacientes, pero al menos dos de los ingresos se realizaron en viviendas que no figuraban en las órdenes judiciales.
El operativo incluyó unos veinte allanamientos simultáneos en distintos puntos de la comarca y permitió demorar a 23 personas, además del secuestro de cocaína, marihuana, armas, municiones, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Sin embargo, el accionar de los federales quedó bajo cuestionamiento tras las denuncias de vecinos que aseguran haber sufrido un violento ingreso policial sin justificación.
“Nos rompieron la puerta y jamás mostraron una orden”
Según relataron los propios damnificados, los allanamientos erróneos se produjeron cerca de las cuatro de la madrugada. Una de las familias contó que escucharon golpes y ruidos en la puerta antes de que la Policía Federal irrumpiera por la fuerza: “Tiraron la reja, la puerta, golpeaban y gritaban que abriéramos. Nunca mostraron una orden”.
En otra vivienda, una mujer adulta mayor denunció un trato aún más grave: “Me tiraron al piso, tiraron a la niña y a mi hijo lo esposaron y lo apuntaron. No explicaron nada”. Ambas familias aseguraron que los efectivos revisaron completamente las viviendas, dieron vuelta muebles y provocaron daños, pese a que no encontraron ningún elemento vinculado a la causa.
Los vecinos sostienen que la Policía se equivocó de dirección y que incluso los propios agentes admitieron el error una vez terminado el procedimiento: “Nos mostraron una foto y era el edificio de al lado. Después dijeron ‘no era acá’”, relataron.
Acciones judiciales y reclamo de reparación
Las familias radicaron las denuncias en la fiscalía local y cuentan con la representación del abogado César Omar Pérez, quien calificó los hechos como un “procedimiento ilegítimo, violento y traumático”. Confirmó que el fiscal Maximiliano Liotard reconoció el error y que solicitó la devolución de los teléfonos secuestrados durante el operativo.
Además, Pérez adelantó que iniciarán una demanda civil contra el Estado: “Hay jurisprudencia de la Corte Suprema que obliga a indemnizar a las víctimas de allanamientos erróneos. No sólo se vulneró su domicilio, sino que se hicieron inspecciones corporales sin orden judicial. La afectación psicológica y el daño material son graves”.
El abogado también exige que se reparen las puertas y rejas destruidas, y anticipó que pedirán certificaciones notariales para documentar todos los daños.
Mientras tanto, el operativo principal sigue su curso en la Justicia, pero queda abierta la polémica por los procedimientos fallidos y el impacto que tuvieron en dos familias ajenas a la investigación.
