La iniciativa de Olavarría prevé cobrar unos US$ 5.200 anuales por cada aerogenerador instalado. El sector advierte sobre el impacto en las inversiones tras el vencimiento del régimen nacional que garantizaba estabilidad fiscal para las energías renovables.
La discusión sobre la carga tributaria aplicada a los proyectos de energías renovables volvió a tomar protagonismo luego de que el municipio bonaerense de Olavarría impulsara una nueva tasa para los parques eólicos instalados en su territorio.
La iniciativa plantea el cobro de una tasa anual de Seguridad e Higiene de aproximadamente US$ 5.200 por cada aerogenerador, una medida que generó preocupación entre empresas del sector porque consideran que podría afectar la rentabilidad de los proyectos y abrir un debate sobre la estabilidad fiscal de una actividad que durante años contó con beneficios específicos.
El conflicto aparece luego del vencimiento, el 31 de diciembre de 2025, de la Ley 27.191, que establecía un régimen de promoción para las energías renovables y garantizaba previsibilidad tributaria para las inversiones. El Gobierno nacional presentó una propuesta para extender ese marco hasta 2045, aunque la iniciativa todavía no fue aprobada por el Congreso.
Un debate con impacto en proyectos de grandes empresas
En Olavarría funcionan o están en construcción cuatro parques eólicos que reúnen 82 aerogeneradores y que pertenecen a compañías como YPF Luz, PCR, ArcelorMittal Acindar y empresas vinculadas al grupo Techint.
Entre ellos se encuentra el Parque Eólico Cementos Avellaneda, operado por YPF Luz, con nueve aerogeneradores; el Parque Eólico Olavarría, desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar, que prevé 30 equipos y una inversión de US$ 276 millones; y dos proyectos operados por firmas de Techint: Vientos de Olavarría, con 22 aerogeneradores, y La Rinconada, con 21.
Desde el sector privado cuestionaron que la tasa pueda modificar las condiciones económicas bajo las cuales fueron planificadas las inversiones. Algunas compañías consideran que la medida podría transformarse en un antecedente para que otros municipios adopten esquemas similares.
El antecedente de la estabilidad fiscal
La Ley 27.191 había establecido que las energías renovables no podían ser alcanzadas por tributos específicos, cánones o regalías nacionales, provinciales o municipales hasta fines de 2025.
Durante su vigencia, el régimen impulsó la incorporación de alrededor de 6.500 megavatios de potencia renovable y atrajo inversiones superiores a los US$ 7.000 millones en proyectos eólicos, solares y otras fuentes de generación.
La falta de una prórroga genera incertidumbre entre empresas que reclaman mantener reglas estables para sostener nuevas inversiones.
El proyecto municipal
La propuesta presentada por el intendente de Olavarría contempla una tasa denominada “por Inspección de Seguridad e Higiene aplicable a Parques de Generación de Energía Eólica”.
El cobro alcanzaría a todos los aerogeneradores instalados, estén o no operativos, y sería un requisito para la renovación de las habilitaciones municipales.
Según el proyecto, el municipio justificaría la tasa en tareas de inspección, fiscalización, control y seguridad vinculadas al funcionamiento de los parques.
La iniciativa también establece una garantía de previsibilidad tributaria por diez años, durante los cuales el municipio no podría incrementar el valor de la tasa.
Una discusión que puede extenderse
El caso reabrió el debate sobre hasta dónde pueden llegar los municipios en materia tributaria y cómo se equilibra la necesidad de recaudar con la búsqueda de inversiones en sectores estratégicos.
El antecedente más recordado es el de Puerto Madryn, donde en 2020 se creó una tasa sobre parques eólicos que representaba cerca del 5% de la facturación. La medida fue judicializada y la Justicia Federal frenó su aplicación en 2022.
Ahora, con el vencimiento del régimen nacional de promoción renovable, el sector energético sigue de cerca el tratamiento de la prórroga legislativa y las decisiones que adopten los gobiernos locales respecto de nuevas cargas tributarias.
