La Defensoría del Pueblo de Río Negro solicitó al Ente Regulador que instruya a la distribuidora a no interrumpir el servicio durante el invierno y ofrecer planes de pago accesibles a usuarios residenciales.
La defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, presentó un pedido formal para que la empresa Camuzzi Gas del Sur se abstenga de cortar el suministro de gas a los usuarios residenciales que no puedan afrontar el pago de sus facturas. La solicitud fue elevada al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Entege) y apunta principalmente a los usuarios categorizados como Nivel 2 y Nivel 3.
El planteo surge en un contexto de fuerte impacto económico por los aumentos tarifarios recientes, sumados a las temperaturas históricamente bajas que afectan a la región durante el invierno. Según Santagati, este escenario compromete la capacidad de pago de miles de familias y puede derivar en riesgos graves para la salud y seguridad de los hogares más vulnerables.
Propuesta de financiamiento y regularización de deudas
Además de solicitar la suspensión de los cortes, la defensora propuso habilitar mecanismos ágiles para que los usuarios puedan financiar o refinanciar sus deudas en cuotas. La idea es que la regularización se realice de manera digital y sin necesidad de trámites presenciales, con tasas de interés de mercado y condiciones claras.
Facturas impagables en medio del frío extremo
La funcionaria recordó que, en junio, la provincia atravesó temperaturas inusualmente bajas, lo que disparó el consumo y encareció aún más las boletas. A esto se sumó la aplicación de la Resolución SEN N° 282/25, que convalidó incrementos en las tarifas de gas. “El rigor climático y la dependencia de la calefacción exigen sensibilidad especial para los usuarios rionegrinos”, subrayó Santagati.
Un antecedente legal en Río Negro
La defensora resaltó que la provincia cuenta con un antecedente normativo: la Ley 4395/09, prorrogada por la Ley 5758, que suspendió cortes de gas y electricidad para hogares con dificultades socioeconómicas y que seguirá vigente hasta diciembre de 2025. Para Santagati, este marco legal respalda el pedido actual frente a la distribuidora.
El gas como un derecho esencial
En su presentación, la funcionaria planteó que si el acceso a un servicio básico obliga a las familias a endeudarse o vivir refinanciando sus facturas, “la razón de ser del sistema está invertida”. Y advirtió que, al tratarse de un servicio monopólico, los usuarios dependen de la regulación pública para que se garanticen condiciones justas y sostenibles.
Un pedido que apunta al invierno más duro
La Defensoría insistió en que la prioridad debe ser la protección de los hogares más vulnerables durante los meses de mayor demanda energética. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre finanzas públicas y acceso a servicios esenciales vuelve a instalarse en Río Negro en un invierno marcado por el frío extremo y el peso de las facturas.
