El proceso contra Cristina Kirchner y otros 86 acusados sigue bajo modalidad remota, mientras la Cámara Federal de Casación discutirá con los jueces del Tribunal Oral 7 los cambios para agilizar el juicio y garantizar mayor transparencia
Mientras el debate sobre la modalidad de las audiencias vuelve a ocupar el centro de la escena en el proceso oral de la causa Cuadernos de las coimas, este jueves el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanudará la segunda audiencia a partir de las 9, manteniendo hasta nuevo aviso el esquema virtual que ha generado controversias y cuestionamientos en el ámbito judicial. La causa tiene como principal imputada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otras ochenta y seis personas imputadas.
La transmisión de la audiencia se realizará a través del canal de YouTube del Poder Judicial, permitiendo el acceso público a la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio oral, que abarca casi setecientas páginas. En la primera jornada, celebrada el jueves pasado, solo se avanzó sobre una parte del requerimiento de elevación a juicio, en el que se describieron buena parte de las maniobras atribuidas a Cristina Kirchner, equivalentes a más de 10,4 millones de dólares, y a algunos otros imputados.
Las críticas
La modalidad virtual y la frecuencia semanal de las sesiones han sido objeto de críticas persistentes. La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, ha recogido estas objeciones y citó para el martes próximo a los jueces del TOF 7 con el objetivo de analizar alternativas que permitan dotar al proceso de mayor celeridad, eficiencia e inmediación.
Entre las opciones en estudio se encuentran la posibilidad de celebrar más audiencias presenciales cada semana y la utilización de la remodelada Sala AMIA en Comodoro Py, que cuenta con capacidad para más de doscientas personas.
Desde el tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, se defendió la elección del sistema virtual, argumentando la complejidad logística de reunir a todas las partes involucradas. Señalaron que, dado que las próximas audiencias estarán dedicadas exclusivamente a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, no se ve la necesidad de modificar el esquema virtual en esta etapa del juicio oral.
La fiscal general Fabiana León participará en las audiencias, mientras que las distintas defensas y los acusados deberán continuar presentes de forma remota. En caso de que el debate pase a ser presencial, todos los imputados tendrían la obligación de concurrir físicamente al tribunal. Para esta semana, se prevé extender el horario de la audiencia hasta las 15, dos horas más que en la jornada anterior.
El caso no solo destaca por la magnitud de las acusaciones y el número de implicados, sino también por el debate judicial que suscita en torno a las garantías de defensa y la necesidad de una resolución más ágil en el episodio de corrupción más resonante de los últimos años en el país. La Cámara Federal de Casación evalúa la posibilidad de incrementar la cantidad de audiencias semanales y sugiere incluso la no suspensión durante la feria judicial de verano, propuestas que podrían modificar sustancialmente la dinámica del juicio.
El 18 de julio pasado, Casación Penal ya había rechazado un planteo de la defensa del empresario Benjamín Romero contra la virtualidad del proceso. No obstante, los camaristas enfatizaron la importancia de evitar demoras y de revisar periódicamente el criterio sobre la modalidad y frecuencia de las audiencias.
La citación a los integrantes del TOF 7 para el martes 18 de este mes tiene como finalidad consensuar ajustes que permitan vigorizar el desarrollo del juicio. Las reformas en la Sala AMIA podrían concluir a fin de mes, lo que habilitaría la realización de sesiones presenciales más numerosas, siempre que las condiciones técnicas y edilicias lo permitan.
El debate oral continuará centrado en la lectura de los requerimientos y los expedientes vinculados tanto al caso principal como a sus derivaciones, con un total de ochenta y siete personas acusadas en el proceso que investiga un circuito de sobornos en la obra pública entre 2003 y 2015.
En la primera audiencia, realizada el jueves pasado, se enumeraron los hechos imputados a Cristina Kirchner, Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, entre otros.
Tras ello, el juez Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando se leerán las imputaciones por cohecho activo. Además, se comenzará con la lectura de los otros dos requerimientos correspondientes a los restantes tramos de la pesquisa, que se estima se extenderá hasta la audiencia prevista para el 20 noviembre.
