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Neuquén AR

“En la escuela nadie hizo nada y mi hija se suicidó”

En plena crisis de salud mental adolescente, la mayoría de los colegios no tienen psicólogos

El jueves 14 de noviembre de 2024, Luana llegó poco antes de las 7.30 a la Escuela Normal Dr. Eduardo Casanova, de Tilcara, en Jujuy. Tenía 15 años y cursaba tercer año del secundario. En las semanas anteriores había atravesado cuatro intentos de suicidio. Estaba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico y su mamá, Laura Mamani, había advertido varias veces a las autoridades escolares sobre el bullying que sufría por parte de compañeros. Esa mañana participó del izamiento de la bandera. Cuando los demás estudiantes empezaron a ir hacia las aulas, Luana se encerró en un baño a llorar. Otras alumnas la vieron. Poco después salió sola del colegio. Una compañera se la cruzó en la calle, la notó mal y Luana le dijo que se iba a su casa. Pero no fue así. “Me llamó una amiga llorando. Me mandó un audio de Luana donde se estaba despidiendo”, repasa Laura. Fue a la escuela y después a la Policía mientras comenzaba a buscarla. Esa mañana su hija mayor se suicidó a pocas cuadras del colegio, cerca del Río Grande. Luana había sido abanderada en la primaria, estudiaba inglés y estaba a punto de recibirse como maestra elemental de danzas folclóricas. Su mamá la recuerda alegre, sociable y aplicada. Pero algo había cambiado en el último tiempo. Laura denuncia que el hostigamiento que sufría no terminaba en el aula: continuaba a través del celular. “Para ella era una bomba en las manos”, afirma. El día anterior a su muerte, Luana había querido volver a clases después de una internación psiquiátrica. Su madre había pedido que los docentes conocieran la delicada situación que atravesaba. Pero al llegar a la escuela descubrió que varios no sabían nada. “Yo lloraba en dirección. El preceptor me dijo: ‘Acá no están preparados para acompañarla’”, reconstruye Laura. Al día siguiente, Luana murió.

Laura Mamani recuerda a su hija como una alumna aplicada, de notas altas y muy comprometida con la escuela; después del suicidio de Luana, comenzó a acompañar a otras familias: “No puede pasar otra muerte más, no pueden estar los adolescentes desamparados”
Laura Mamani recuerda a su hija como una alumna aplicada, de notas altas y muy comprometida con la escuela; después del suicidio de Luana, comenzó a acompañar a otras familias: “No puede pasar otra muerte más, no pueden estar los adolescentes desamparados”

En las semanas posteriores, madres de esa y otras escuelas de Jujuy comenzaron a hacer públicas situaciones de bullying, autolesiones e intentos de suicidio frente a las que, denunciaban, las respuestas institucionales habían sido insuficientes. Detrás de esas historias aparecía una pregunta que excedía a Tilcara: cuando un chico empieza a dar señales de malestar o sufrimiento psíquico, ¿con qué recursos cuenta su escuela para verlo, escucharlo y acompañarlo?

La brecha en los recursos

En las escuelas primarias y secundarias de la Argentina hay 13.168 cargos vinculados a profesionales que trabajan en los equipos de orientación escolar —psicólogos, psicopedagogos, trabajadores o asistentes sociales y asesores pedagógicos— para atender 8.672.298 alumnos. Se habla de “cargos” porque un mismo profesional puede concentrar más de un puesto de trabajo. Son 15,2 cargos cada 10.000 estudiantes, según datos oficiales del Relevamiento Anual 2025 de la Secretaría de Educación de la Nación a los que accedió Fundación LA NACION mediante pedidos de acceso a la información pública. Si el foco se pone solo en la asistencia psicológica, la disponibilidad se reduce a 3,2 cargos cada 10.000 alumnos: 2778 puestos en total. La diferencia según el tipo de gestión es profunda. En los colegios privados hay 7 cargos de psicología cada 10.000 estudiantes; en los estatales, 1,7. Si se consideran juntos los cuatro perfiles de orientadores escolares, la relación es de 20,2 en el ámbito privado contra 13,2 en el estatal. Hay otra manera de dimensionarlo. Si los 2778 cargos solo de psicología se distribuyeran entre las 36.326 escuelas de la Argentina, alcanzarían como máximo para el 7,6% de los establecimientos. Es decir, el 92,4% de los colegios se quedarían sin cobertura. Para Alejandro Castro Santander, psicopedagogo institucional y director del Observatorio de la Convivencia Escolar del Centro de Investigaciones Cuyo-Conicet, el panorama revela una “dotación baja y extraordinariamente desigual”, especialmente en atención psicológica. Contar cargos, advierte, muestra solo una parte del problema: también importa dónde están los profesionales, cuántas escuelas atienden, con qué frecuencia pueden llegar y cuánto tiempo tienen disponible para trabajar antes de que aparezca una urgencia.

Fuente: pedidos de acceso a la información pública y relevamiento anual 2025 de la Secretaría de Educación de la Nación

Una demanda que crece

La crisis de salud mental de niños, niñas y adolescentes se volvió una escena cotidiana en consultorios y hospitales públicos y privados de todo el país. Desde la pospandemia, LA NACION viene relevando un mismo diagnóstico: un aumento de las consultas por depresión, ansiedad, autolesiones, ideas de muerte e intentos de suicidio y trastornos de la conducta alimentaria; un incremento de las internaciones por motivos de salud mental, y escasez de psiquiatras infantojuveniles y demoras de meses para acceder a tratamientos. “Nunca, ni pediatras ni profesionales de la salud mental, vimos tantos casos de chicos y chicas con ideación suicida y a edades tan tempranas como hoy”, asegura Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas. En 2025 se registraron 5209 suicidios en la Argentina, la cifra más alta de los últimos nueve años y un 22,6% superior a la de 2024, según el Sistema Nacional de Información Criminal. Entre las personas de 15 a 34 años, el suicidio desplazó a los incidentes viales como principal causa de muerte. Entre los 10 y los 19 años, el último desglose disponible contabilizó 377 muertes en 2024: más de una por día. En ese contexto, un informe de Unicef Argentina presentado la semana pasada subraya el papel de las escuelas en la prevención del suicidio adolescente: recomienda fortalecer su capacidad de detección temprana, establecer rutas claras y oportunas de derivación y garantizar el seguimiento de los chicos identificados en situación de riesgo. “La prevención es lo que peor tenemos a nivel país. Somos absolutamente reactivos”, sintetiza Castro Santander. Marcos Vazini, referente de la asociación civil Escenarios Saludables, encuentra una dinámica similar en las escuelas que recorre para dar talleres sobre prevención del suicidio: muchas instituciones los contactan por primera vez después de que ya ocurrió una situación grave. Pasada la urgencia, dice, la prevención suele volver a perder continuidad.

Qué exige la ley

La Ley de Educación Nacional 26.206 establece obligaciones concretas para asegurar el acceso de los estudiantes a apoyo psicológico, psicopedagógico y médico. Para el secundario, dispone que las jurisdicciones deben “garantizar” esa atención mediante “gabinetes interdisciplinarios en las escuelas” y la articulación con otras áreas del Estado. Para primaria no existe una disposición equivalente. Sin embargo, la misma ley establece para las instituciones educativas de todos los niveles la necesidad de articular con otras áreas para “asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos, psicopedagógicos y médicos”. En 2014, el Consejo Federal de Educación fijó, además, pautas para que los equipos de apoyo y orientación acompañen las trayectorias educativas y aborden integralmente las situaciones que atraviesan a los estudiantes.

Olga Burgos camina rumbo a la escuela a la que iba su hija, en Tilcara, donde sufrió hostigamiento y de la que se fue a tiempo; junto a Laura, mamá de Luana, integran Madres del Dolor por Bullying, un colectivo que forman familias de distintos puntos de Jujuy

La obligación de garantizar el acompañamiento existe, pero no hay una norma nacional que determine cuántos profesionales debe haber, cuántas escuelas o alumnos puede atender un equipo ni con qué frecuencia tiene que estar disponible. Esa definición queda en manos de cada jurisdicción. Castro Santander plantea que un equipo debería reunir tres capacidades: aprendizaje y trayectorias educativas; bienestar psicológico, afectivo y relacional, y abordaje de las condiciones familiares, sociales y de protección de derechos. Suelen traducirse en psicopedagogía, psicología educacional y trabajo social. No significa tres profesionales permanentes en cada escuela. Pueden ser equipos territoriales, aclara, siempre que el acceso sea real y previsible. Como referencia para planificar, plantea un equipo básico de tres profesionales de jornada completa para entre 600 y 900 estudiantes. En contextos de alta vulnerabilidad, ruralidad, largas distancias o dificultades para acceder al sistema de salud, ese universo debería reducirse a entre 400 y 600 alumnos, aunque no lo sugiere como una fórmula rígida para todo el país.

“No daban abasto”

Para Laura Mamani, la discusión tiene una dimensión concreta. La escuela de Luana recibía la intervención de un psicólogo y de una psicóloga social de un dispositivo provincial, pero no permanecían allí de forma exclusiva. “Yo la buscaba en la escuela y nunca la encontraba”. Una vez logró cruzarla en la calle. Para entonces, Luana ya había atravesado un segundo intento de suicidio y había vuelto a ser internada. “Me dijo que estaba apurada y no tenía tiempo para escucharme”, recuerda. Olga Burgos fue una de las primeras madres que se acercó a Laura después de la muerte de Luana. Su hija cursaba en el turno tarde de la misma escuela y padecía durante esos mismos meses una historia similar de bullying. Cuando las familias comenzaron a reunirse para pedir respuestas, Olga conoció cómo funcionaba el dispositivo que debía asistir a la institución. “En una reunión con el Ministerio de Educación provincial, ellos mismos dijeron que eran un psicólogo y un trabajador social para 37 instituciones educativas, que no daban abasto”, recuerda. Su hija tenía entonces 13 años. Se encerraba en el baño, lloraba y sufría fuertes dolores de estómago en la escuela. La preceptora la llamaba seguido para que fuera a retirarla. La familia consultó a distintos especialistas sin entender qué ocurría. “Nunca pensamos que era víctima de bullying”, dice Olga. Hasta que un día la adolescente se metió debajo de las sábanas y no quiso salir. “Estaba con pánico. De a poquito me fue contando”, relata. Hacía unos ocho meses que sufría hostigamiento y uno de sus compañeros había llegado a sujetarla del cuello con el brazo dentro del aula. Después aparecieron autolesiones, intentos de suicidio e internaciones. Olga terminó retirándola de la institución. Hoy, su hija tiene 15 años, continúa en tratamiento psiquiátrico y está contenida en la nueva escuela. “La directora es muy empática, la acompaña, habla con ella”, cuenta.

Suicidio: cómo prevenirlo y dónde pedir ayuda

Olga Burgos, a la izquierda, y Laura Mamani, a la derecha, unidas en la lucha contra el bullying en las escuelas
Olga Burgos, a la izquierda, y Laura Mamani, a la derecha, unidas en la lucha contra el bullying en las escuelas

Veinticuatro realidades diferentes

La disponibilidad de profesionales cambia drásticamente según la provincia. Tierra del Fuego registra 25,1 cargos de psicología cada 10.000 estudiantes; la ciudad de Buenos Aires, 14,7; San Luis, 9,5, y San Juan, 8,2. En el otro extremo aparecen Santa Fe, con 0,14; Chaco y Formosa, con 0,45; Córdoba, con 0,81, y Santa Cruz, con 0,99. Parte de esa heterogeneidad se explica por la organización federal del sistema educativo. En sus respuestas a los pedidos de acceso a la información pública realizados para esta investigación, la Secretaría de Educación de la Nación subrayó que son las provincias y la ciudad de Buenos Aires las responsables de administrar sus sistemas educativos. Por eso, no existe un único modelo nacional de orientación escolar. Desde la Subsecretaría de Convivencia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Educación provincial, aseguraron a este medio que en 2025 contaban con 99 psicólogos distribuidos en distintos equipos, frente a los nueve cargos que aparecen en el relevamiento anual. Atribuyeron la diferencia a que “durante gestiones anteriores los equipos trabajaban solo en formación, no estaban consolidados como equipos territoriales”.

La escuela no es un consultorio

Los especialistas consultados coinciden en que sumar profesionales no resuelve el problema si todo su tiempo queda absorbido por las urgencias. Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying, especialista en convivencia escolar y vocero de Argentinos por la Educación, describe una escena que observa en varias instituciones: “Se la pasan toda la mañana atendiendo casos particulares”. El riesgo, plantea, es que psicólogos y psicopedagogos queden atrapados en una sucesión de emergencias y desaparezca el tiempo para prevenir. Por eso, considera fundamental que el rol de estos equipos incluya capacitar a docentes, acompañar a directivos en planes de convivencia, revisar acuerdos institucionales e involucrar a las familias, para que toda la escuela gane herramientas y construya criterios comunes de actuación. “Es un enfoque más sistémico, más preventivo, no es solo de consultorio”, resume. La psicóloga Diana Altavilla, especialista en prevención y posvención del suicidio, cuestiona incluso la fórmula “detectar y derivar”. Prefiere otra palabra: atender. Que la institución observe lo que ocurre, se implique desde su lugar y se ocupe dentro de sus límites, sin convertirse en un servicio clínico. Y aun cuando la escuela logra hacerlo, aparece otra pregunta: ¿qué pasa después? Desde la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, Marina Lerner advierte que contar con un psicólogo no alcanza si al buscar ayuda afuera la escuela la persona vuelve a quedar sola. “Los derivan pero no encuentran lugar”, resume. Los equipos pueden acompañar inicialmente a chicos con ideación suicida, autolesiones o ansiedad, pero después se encuentran con hospitales y centros de salud saturados, pocos turnos y defensorías también desbordadas

Laura y Olga frente a escuela donde sus hijas padecieron hostigamiento
Laura y Olga frente a escuela donde sus hijas padecieron hostigamiento

Llegar tarde

Semanas antes de morir, Luana había tenido un intento de suicidio dentro de la escuela. Estaba encerrada en el baño cuando consiguió llamar a una prima. La joven llegó hasta el colegio, la sacó y la llevó al hospital. Su madre se enteró varias horas después. Según relata Laura, nadie de la institución advirtió lo ocurrido. A partir de ese día, cuenta, empezó “la batalla”: pedir profesionales, reuniones con familias y estudiantes y una intervención frente al bullying. “Mi hija estaba en el hospital luchando por su vida y nadie hacía nada”, señala. Castro Santander subraya que cuando un equipo está sobrecargado, no llega o directamente no existe, la necesidad no desaparece: termina desplazándose hacia docentes, preceptores y directivos: “Eso puede generar desborde, burnout e intervenciones tardías frente a situaciones que podrían haberse abordado antes”. El investigador marca un límite sencillo: “El docente observa y comunica, no diagnostica”. Para él, la discusión no debería agotarse en exigir “un psicólogo por escuela”. El piso debería ser otro: que ninguna institución quede sola, que conozca cuál es su equipo de referencia y cómo activar una respuesta ante una situación grave. Esa sobrecarga que describe Castro Santander también aparece en otros relevamientos. El informe “Escuelas desbordadas. Criar, crecer y educar en barrios populares”, de CIAS-Fundar, analizó 15 escuelas públicas de barrios populares del AMBA. Los equipos tenían entre dos y cinco profesionales y, en algunos casos, dos personas debían responder por 670 alumnos. Sus integrantes hablaban de “parches” y de trabajar como bomberos que apagan un incendio mientras otro empieza a arder. Las situaciones de violencia escolar extrema, como sucedió en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, a principios de año o en las últimas horas en Villa Dorrego, partido de La Matanza, también se inscriben en esta línea. Solo profesionales capacitados y con disponibilidad pueden detectar situaciones de riesgo y actuar a tiempo.

Que ningún estudiante quede solo

Después de la muerte de Luana, Olga fue a buscar a Laura. “Vamos a pelear juntas”, le dijo. Otras madres se sumaron. Hoy se presentan como Madres del Dolor por Bullying y reciben mensajes de familias de distintos puntos de Jujuy que no saben a quién recurrir. Reclaman más equipos de orientación, profesionales capacitados en hostigamiento, violencia escolar y riesgo suicida, protocolos más ágiles y formación permanente para docentes y directivos. LA NACION consultó al Ministerio de Educación de Jujuy para esta investigación, pero no obtuvo respuesta. Laura prefiere recordar a Luana por la danza, el inglés, sus notas, sus amigos. Porque salía a vender gelatinas para ayudar en su casa. Porque soñaba con estudiar Criminología, escribir y aprender corte y confección. Y por algo mucho más pequeño: su comida favorita eran las milanesas con puré. Las madres aseguran que no quieren transformar cada escuela en un consultorio ni convertir a cada docente en psicólogo. Piden algo más elemental: que cuando un chico empiece a mostrar que algo no está bien haya adultos y profesionales capaces de escucharlo, acompañarlo y saber qué hacer antes de que sea demasiado tarde.

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