El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra una empleada judicial acusada de haber falsificado un certificado médico con el objetivo de extender su licencia laboral.
La maniobra consistió en modificar la duración de su reposo, agregando el número “1” delante de los días otorgados, lo que le permitió ausentarse por diez días adicionales sin autorización.
Los hechos habrían ocurrido entre el 5 y el 26 de diciembre del año pasado, y la fiscalía la imputó por los delitos de uso de certificado falso y fraude a la administración pública. Según la acusación, la empleada presentó el documento adulterado a través de los canales institucionales habituales para justificar su ausencia, sin prever que el engaño sería detectado.
Pruebas contundentes y formulación de cargos
Durante la audiencia, el fiscal del caso presentó diversas pruebas, entre ellas, informes técnicos elaborados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), que permitieron recuperar los mensajes en los que la imputada remitió el certificado falsificado. También se sumaron informes del área contable del Ministerio Público, que detallan el perjuicio económico causado por la ausencia injustificada, así como el testimonio de la profesional médica que originalmente emitió la licencia.
Además, se incorporaron informes de organismos de Recursos Humanos, encargados de gestionar las solicitudes de licencia dentro del Poder Judicial. En este contexto, la empleada fue asistida por la defensa pública penal, que no objetó la formulación de cargos, al considerar que se cumplían los requisitos legales para la imputación.
Consecuencias legales y sanciones administrativas
El juez de Garantías dio por formulados los cargos en su contra, imputándola como autora de los delitos de uso de certificado falso y fraude a la administración pública, en los términos de los artículos 45, 54, 296 en función del 292 y 174 inciso 5 del Código Penal.
Paralelamente, la Procuración General lleva adelante un proceso administrativo interno para determinar las sanciones disciplinarias que podrían aplicarse a la empleada. Estas medidas podrían ir desde una suspensión hasta la cesantía, dependiendo de la gravedad de la falta y del impacto en la función pública.
Este caso pone en evidencia la rigurosidad de los controles internos dentro del Poder Judicial y el compromiso de las autoridades en sancionar cualquier intento de fraude que afecte la transparencia en la administración pública.
