Dólar oficial $1.570 – Dólar Turista $2.041 – Dólar blue $1.565 – Dólar MEP $1.572,17 – Contado con Liqui $1.671,15 – Riesgo País 852
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El Gobierno nacional todavía no logró destrabar el tratamiento del denominado Súper RIGI, el régimen de incentivos fiscales destinado a grandes inversiones en sectores considerados estratégicos. Aunque la iniciativa cuenta con media sanción de Diputados, permanece sin dictamen en el Senado debido a diferencias entre el oficialismo y bloques dialoguistas sobre la participación de proveedores nacionales.
El principal obstáculo está relacionado con las condiciones que deberán cumplir las empresas beneficiarias para adquirir bienes y servicios de producción argentina, frente a la posibilidad de importar equipamiento e insumos para sus proyectos.
Desde septiembre, los senadores Maximiliano Abad, de la UCR; Carlos Espínola, del peronismo no kirchnerista; y Martín Goerling, del PRO, reclaman modificaciones para evitar que los beneficios impositivos terminen favoreciendo principalmente a proveedores extranjeros.
La discusión tiene especial relevancia para las provincias con actividad industrial y energética, entre ellas Neuquén, donde las inversiones vinculadas con Vaca Muerta generan demanda de equipamiento, infraestructura y servicios especializados.
La modificación central que impulsan los legisladores establece que una oferta nacional deberá considerarse competitiva cuando su precio no supere en más de un 15% al de un producto importado equivalente.
La comparación deberá realizarse bajo condiciones similares de calidad, especificaciones técnicas, cantidades y plazos de entrega.
Además, los senadores proponen que se contemplen todos los costos asociados a la importación, de manera que la comparación se efectúe sobre precios equivalentes de los productos puestos en destino.
El planteo también incorpora un mecanismo de consulta con las cámaras empresariales de los sectores involucrados antes de determinar que no existen proveedores nacionales capaces de abastecer un proyecto.
De esta manera, se busca evitar que las empresas beneficiarias descarten la producción local sin verificar previamente su disponibilidad y capacidad de suministro.
Durante las negociaciones, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, había aceptado modificaciones vinculadas con la participación de bienes nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen.
Entre los puntos discutidos figura un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente al 20% de las adquisiciones comprendidas en las disposiciones del proyecto.
Sin embargo, las diferencias sobre cómo determinar si una oferta nacional resulta competitiva impidieron cerrar un acuerdo definitivo.
Otro de los cambios incorporados durante las conversaciones está relacionado con la infraestructura eléctrica.
Los emprendimientos que superen los USD 1.000 millones deberán garantizar capacidad de conexión al sistema eléctrico y contar con un esquema de abastecimiento que permita cubrir su demanda máxima sin comprometer la seguridad del servicio.
Esta exigencia adquiere importancia para los proyectos industriales de gran escala, particularmente aquellos que requieren un suministro energético permanente y de elevada potencia.
La controversia sobre las compras nacionales también alcanza a las cadenas de proveedores que participan en el desarrollo de Vaca Muerta.
Las inversiones petroleras, gasíferas y de infraestructura requieren equipos industriales, estructuras metálicas, componentes eléctricos, servicios de ingeniería y tecnología especializada.
En ese contexto, las condiciones de contratación previstas en los regímenes promocionales pueden influir sobre las oportunidades de participación de empresas radicadas en Neuquén y otras provincias.
La discusión legislativa enfrenta dos objetivos: facilitar el ingreso de inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales y establecer condiciones que permitan a la industria nacional competir por una parte de esas contrataciones.
Los senadores que impulsan las modificaciones sostienen que el acceso a los incentivos debe estar acompañado por mecanismos que garanticen una evaluación efectiva de la oferta local.
Mientras el Súper RIGI continúa paralizado, el Senado avanzó recientemente con otra iniciativa destinada a estimular inversiones de menor escala.
Se trata del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que contempla beneficios tributarios para proyectos a partir de los USD 12 millones.
La propuesta, promovida por legisladores radicales como Eduardo Vischi y Mariana Juri, incorporó disposiciones similares a las que se reclaman para el Súper RIGI.
Entre ellas figura la obligación de comprometer al menos un 20% de las inversiones destinadas a bienes transables a la contratación de proveedores nacionales, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado.
También se contempla la posibilidad de que la Comisión Nacional de Comercio Exterior intervenga para evaluar si los precios de determinados bienes importados reflejan condiciones normales de mercado.
La aprobación de ese proyecto en la Cámara alta generó expectativas sobre una eventual solución para el régimen de grandes inversiones, pero hasta ahora no se tradujo en un acuerdo.
El Ministerio de Economía había dado señales de acercamiento durante octubre, aunque las conversaciones no derivaron en una definición sobre las modificaciones reclamadas.
La falta de acuerdo mantiene detenido el dictamen necesario para que el Súper RIGI avance hacia su tratamiento en el recinto del Senado.
Además, si la Cámara alta aprueba cambios respecto del texto que recibió de Diputados, el proyecto deberá regresar a la cámara de origen para una segunda revisión.
Con el cierre del período de sesiones ordinarias cada vez más próximo, el oficialismo enfrenta dificultades para completar el trámite parlamentario de una iniciativa que forma parte de su estrategia de promoción de inversiones privadas.
Por el momento, el punto pendiente sigue siendo la definición del Gobierno sobre las condiciones de participación de proveedores argentinos y los mecanismos de comparación de precios frente a los productos importados.
